De forma consecutiva Estados Unidos publicó en la presente semana sendos informes en los que en el capítulo sobre Nicaragua destaca el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega, la prevalencia de la corrupción en todos los niveles y la falta del imperio de la Ley, lo que deja al país vulnerable ante el lavado de dinero. Los informes anuales en mención son el relativo a los Derechos Humanos y el referente al narcotráfico y crímenes financieros.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe Anual sobre el Estado Global de los Derechos Humanos, no solo califica al gobierno de Ortega de autoritario, que ejerce un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales, sino que destaca que obtuvo su reelección en unos comicios considerados por organizaciones nacionales y la comunidad, de profundamente viciados.
Acusaciones de fraude
El informe observa que las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre pasado fueron afectadas por acusaciones de fraude institucional y la ausencia de partidos políticos independientes.
Según observadores nacionales y los líderes de la oposición, hubo tasas de abstención del 60 al 70 por ciento, contrariamente a la tasa de participación de 68.2 por ciento registrada por el Consejo Supremo Electoral, dice el informe, que resalta que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó recursos estatales para actividades políticas y mejorar su ventaja en las recientes elecciones e hizo obligatoria la membresía partidaria para empleados del sector público.
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Nicaragua es una República constitucional multipartidista, pero las acciones del FSLN han dejado como resultado una concentración de poder en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario que ejerce un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales, señala el informe.
El Departamento de Estado de Estados Unidos plantea como principales abusos en contra de los derechos humanos de los nicaragüenses las restricciones al derecho de voto de los ciudadanos, políticas partidistas para lograr la dominación de un solo partido, así como un mayor hostigamiento e intimidación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las organizaciones de la sociedad civil.
Reitera la corrupción generalizada en las instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
Otros abusos significativos en materia de Derechos Humanos mencionados son: arrestos policiales arbitrarios y prolongados, incluido el abuso durante la detención con riesgo para la vida de los detenidos; inadecuadas condiciones penitenciarias, obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluida la intimidación y el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes, así como una mayor restricción al acceso a la información pública, como las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.
Estados Unidos en su informe destaca que las ONG también denunciaron hostilidad o agresión al cuestionar o hablar con funcionarios sobre temas como la corrupción y el Estado de Derecho.
Corrupción e impunidad
En la Sección 4 del Informe Anual sobre Derechos Humanos, relativo a la corrupción y falta de transparencia en el Gobierno, señala la falta de cumplimiento de la Ley por parte de los funcionarios que frecuentemente participaban en prácticas corruptas actuando con impunidad.
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Y destaca que los funcionarios del poder ejecutivo continuaron desembolsando fuera del Presupuesto General de la República fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), liderada por Venezuela, que promedió más de 550 millones de dólares anuales entre 2010 y 2013, aunque recientemente se ha desplomado a aproximadamente en 200 millones en 2016.
Y retoma lo publicado en algunos medios de comunicación locales en cuanto a que los contratos financiados por Alba fueron otorgados a empresas vinculadas a la familia Ortega y manejados personalmente por miembros del FSLN, con poca supervisión pública.
En el informe que Ortega entregó a la Asamblea Nacional recientemente, por primera vez incorporó los negocios en los que están vinculados la empresa Alba Petróleos de Nicaragua, SA (Albanisa) y su intermediaria AlbaCaruna con el Estado de Nicaragua, a través del financiamiento a programas públicos en el sector eléctrico y productivo, así como las deudas adquiridas con la empresa y la cooperativa que manejan el dinero del acuerdo petrolero con Venezuela.
Lavado de dinero
Es de destacar que la corrupción que campea en el país también resaltó en el Informe Anual sobre Narcotráfico y Crímenes Financieros.
Nicaragua fue incluida en la lista de países a los que Estados Unidos advierte “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de nuevas tecnologías, con las que se pueden financiar actividades ilegales.
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En el mismo aclara que el país no se considera un centro financiero regional. No obstante, su sistema financiero y la economía son vulnerables al lavado de dinero, ya que sigue siendo un país de tránsito de drogas ilegales con destino a los Estados Unidos, así como de dinero en efectivo que regresa a América del Sur.
Reconoce que Nicaragua ha dado pasos importantes en su marco legislativo en los últimos años, así como la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Instituciones débiles ante autoritarismo
Sin embargo, afirma que las instituciones gubernamentales débiles, informes importantes de corrupción en todos los niveles, y la falta del imperio de la Ley eclipsan cualquier cambio legal o regulatorio que se implemente para evitar este delito.
A eso le agrega el informe que los tribunales siguen siendo particularmente vulnerables a los sobornos, la manipulación y otras formas de corrupción.
La existencia de múltiples negocios no públicos transparentes con vínculos con el partido gobernante que gestionan grandes transacciones en efectivo, así como la proliferación de filiales con falta de tacto para este delito, aumentan en el país la vulnerabilidad al lavado de dinero, expresa el informe.
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Menciona que los casos de corrupción e impunidad incluyen a funcionarios locales y líderes comunitarios acusados de colaborar con narcotraficantes y entidades del crimen organizado.
El informe dice que existe alguna evidencia de envío de efectivos a través de redes para la entrega de las remesas del exterior, que también pueden ser indicativos de lavado de dinero.
Este delito se produce también a través de mecanismos tradicionales, como las compras de terreno, vehículos y ganado. Y sin incluir el tratado de CA-4 entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que permite la libre circulación de los ciudadanos de estos países.
Informe refleja más abusos
El Informe Anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos recoge la denuncia de diferentes sectores de la sociedad en relación con el uso de Gabinetes de Familia o los llamados Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), dirigidos por el partido de gobierno y que administran programas sociales gubernamentales en la comunidad, como alimentos subsidiados, viviendas, vacunas, acceso a clínicas y otros beneficios.
El Gobierno también continuó delegando responsabilidades legales a estos gabinetes en los procesos de mediación en casos de violencia doméstica. Igualmente la falta de transparencia y el acceso a la información son mencionados por Estados Unidos como problemas graves que se siguen registrando en el país. Y refiere que el control de la información gubernamental está centralizado en el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, encabezado por la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo.
Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, como Cinco y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunciaron que las solicitudes de información oficial sin la autorización expresa de Murillo fueron rechazadas.
Detención y expulsión
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en el capítulo sobre Nicaragua también destaca las detenciones y expulsiones de extranjeros cuyas visitas se centraron en asuntos considerados sensibles para el partido gobernante, como las supuestas críticas a los derechos humanos, el Estado de Derecho y el Canal Interoceánico. Menciona que en agosto, el relator especial de las Naciones Unidas para los Defensores de los Derechos Humanos canceló un viaje programado a Nicaragua, citando la falta de aprobación de la oficina de seguridad de la ONU.
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Los líderes indígenas y organizaciones de la sociedad continuaron pidiendo información y expresaron objeciones al proyecto del Canal”.
Informe anual de Derechos Humanos de EE.UU.
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