Ante la recomendación de la OEA de abrir un cauce diplomático y de diálogo para encontrar una salida democrática a la crisis de Venezuela, el régimen autoritario de Nicolás Maduro respondió con la suspensión de las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN).
A partir de una resolución judicial dictada el miércoles de esta semana, las funciones legislativas de la AN han sido asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el poder ejecutivo, aparte de que el presidente Maduro tiene facultades legislativas excepcionales concedidas por el mismo tribunal chavista.
O sea que a Venezuela ya no se le puede seguir considerando como un Estado democrático, porque además de la represión y los presos políticos, no hay en ese país independencia y separación de poderes, principios que constituyen el soporte fundamental de la democracia.
Haciendo gala de cautela política y delicadeza diplomática, la OEA solo ha pedido a Maduro que convoque a elecciones generales, libere a los presos políticos y permita el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Maduro ha respondido con arrogancia dictatorial, suspendiendo las funciones del poder legislativo.
Venezuela no se ajusta a los criterios establecidos por la Carta Democrática Interamericana para que un país pueda ser considerado una democracia. Debería ser suspendido de la OEA y de inmediato otros gobiernos deberían retirar sus embajadores en Caracas, como lo ha hecho el de Perú.
Se preguntan algunos si Daniel Ortega podría hacer lo mismo en Nicaragua, o sea, anular las funciones legislativas de la Asamblea Nacional. La inquietud es pertinente, porque el régimen chavista venezolano es un modelo para el régimen orteguista nicaragüense y ambos se caracterizan por la centralización y el abuso de poder. De modo que al menos teóricamente cabe la posibilidad de que Ortega también quiera despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legislativas.
Pero las situaciones de Venezuela y Nicaragua son también diferentes. Daniel Ortega no necesita quitarle independencia y facultades legislativas a la Asamblea Nacional porque de hecho esta ya no las tiene. Cuando la oposición fue impedida de participar en las elecciones y expulsada de la Asamblea Nacional, a mediados de 2016, el poder legislativo terminó de perder su independencia y se convirtió en simple apéndice del ejecutivo. La Asamblea solo aprueba leyes que manda Daniel Ortega y como él quiere que sean aprobadas, y los obedientes diputados “opositores” no se atreven a cuestionar el sistema y procuran no molestar al caudillo autocrático.
En todo caso, la situación de Venezuela es peor que la de Nicaragua. A Venezuela le cabe la advertencia de Simón Bolívar de que hay que huir de un país donde un solo hombre ejerce todos los poderes, porque es un país de esclavos. Frase que Radio Corporación repite todos los días.
Pero los demócratas de Venezuela piensan seguramente lo mismo que dijera Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en el editorial de LA PRENSA del 29 de mayo de 1974, después de relacionar la frase de Bolívar con Nicaragua, dominada por la dictadura somocista: “Y sin embargo, no huimos, ni vamos a huir, porque nuestro deber es enfrentarnos a esta situación”.