La policía de Costa Rica capturó el fin de semana a dos nicaragüenses, quienes intentaron sobornar a oficiales para que les permitiera el paso migratorio irregular en los puestos de control que el país aplica en la zona fronteriza con Nicaragua.
El primer caso ocurrió el viernes 30 de diciembre en la frontera de Peñas Blancas. Ahí, una nicaragüense de apellido Borges y con residencia legal en Costa Rica que viajaba hacia el interior costarricense, fue detenida porque entregó su pasaporte con 10 mil colones adentro (unos 20 dólares) a los policías en un puesto de control en carretera.
La mujer pretendió sobornar a los oficiales con ese dinero para que le permitieran la entrada a un hombre que la acompañaba hacia el centro de la ciudad de Liberia, ciudad ubicada a 70 kilómetros hacia el sur de Peñas Blancas.
“Según indicó, eso (el dinero) era para que los miembros de la Policía de Fronteras le ayudaran a un hombre, también nicaragüense, el cual viajaba junto a ella, pero en condición migratoria irregular”, informó el Ministerio de Seguridad Pública.
Borges, de 36 años, fue detenida de inmediato y traslada a la Fiscalía de Flagrancia de Liberia. Allí, podría ser procesada por penalidad del corruptor.
De igual modo la Fiscalía ordenó decomisar el dinero y remitir a su acompañante a la Oficina de Migración y Extranjería.
Otro caso en Liberia
El domingo primero de diciembre, otro nicaragüense de apellido Montero, a quien los agentes detuvieron dentro de un autobús que interceptaron para una revisión de rutina, les ofreció 40 mil colones (más de 75 dólares) para que lo dejaran en libertad.
Inicialmente, a Montero la policía lo capturó por portar una cédula de residencia “de características dudosas” pero el nicaragüense reaccionó de forma nerviosa y cuando era trasladado a las oficinas de Migración, en Liberia, les ofreció el dinero a los oficiales de la Policía de Fronteras.
Montero fue esposado, el dinero decomisado. Posteriormente él fue presentado ante la Fiscalía de Liberia para lo que corresponda. Permanece en una celda judicial mientras definen su situación jurídica. Además, Migración comprobó que el documento de residencia que portaba es falsificado.
