El pasado veinte de diciembre en el programa Jaime Arellano en la Nación, teniendo como invitado al doctor José Pallais, a la pregunta del presentador sobre cuáles serían los requisitos mínimos para que la oposición considerara un alto al fuego y consensuar un cronograma que nos permitiera regresarnos la institucionalidad perdida, el invitado sugirió algunos puntos, los que después de un corto debate resultaron de consenso tanto por el entrevistador como por el entrevistado.
De esa fecha al momento de escribir esta artículo, son muchas las personas que han analizado los puntos aludidos y en vista de que hay un amplio margen de aceptación, los he querido compartir con los lectores de estas páginas: los puntos que para ambos personajes serían aceptables y que a su vez forman parte de los requisitos mínimos exigidos por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) son los siguientes: 1- Reformas a Ley Electoral. 2- cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE) 3- personería jurídica a quien la solicite y cumpla con los requisitos establecidos. 4- Convocatoria a una asamblea nacional constituyente para elegirla en julio del 2018, con plazo de dos años para elaborar una nueva constitución, mientras la asamblea actual queda funcionando. 5.- Una vez aprobada la nueva constitución, convocar a elecciones nacionales en el 2020. 6- Elaborar un plan de acción que permita el combate contra la corrupción y fomente la equidad en la administración de justicia y el respeto a nuestros derechos humanos.
Quiero decirles que mi primera impresión al hacer números y darme cuenta que el matrimonio ejercería la primera magistratura por cuatro años, fue de escepticismo. Pero si algo tenemos que ceder hoy para devolverle a las futuras generaciones su derecho a elegir, yo me trago ese sapo puesto que no tendremos que esperar hasta el 2021 para elegir ya que podremos hacerlo libremente y con supervisión internacional en el 2017 a nivel municipal y en el 2020 a nivel nacional. Doy por descontado que una convocatoria a asamblea nacional constituyente contaría con la participación de organismos internacionales como el Centro Carter, la OEA, Unión Europea y organizaciones nacionales creíbles, por lo que las leyes que de ella emanarían serían leyes justas y aceptables por todos.
Hasta donde tengo conocimiento las principales organizaciones de la empresa privada ven con buenos ojos esta iniciativa y lo mismo he escuchado de labios de más de un político y politólogo, así como de responsables de organizaciones civiles.
Pero como nunca falta un pelo en la sopa, me han comentado que esta iniciativa no es del agrado de los partidos zancudos y aspirantes al zancudeo. En cuanto al Gobierno, solamente conozco la reacción de un prominente representante del mismo quien reaccionó de manera furibunda en contra de dicha propuesta, este sujeto es el mismo que se le señala de ser el autor intelectual de la quitada de la personería jurídica del (PLI) de Eduardo Montealegre y la defenestración de los 26 diputados de la bancada Bapli.
En la Biblia hay un párrafo que dice: Dios confunde a quien quiere perder. Por lo que si esta propuesta benévola es desechada por el Gobierno, evidenciaría una vez más la vocación dictatorial de la pareja gobernante al insistir en aferrarse al poder, sin detenerse a reflexionar sobre los vientos de cambio que comienzan a soplar. Pues Nicaragua muy pronto volverá a ser República a pesar de sus verdugos.
El autor es analista político.
