Por sus interrogantes los conoceréis. La directora ejecutiva de Ciudadanos por la Libertad (con cargo empresarial en un movimiento político), en un artículo publicado en LA PRENSA, el 14 de diciembre, pregunta ante quién debe exigir la personería jurídica de su movimiento, si todas las instituciones del país son corruptas. Y lamenta que la critiquen por acudir al Consejo Supremo Electoral (CSE) para que se les habilite como partido político, a fin de participar en las próximas elecciones.
Su artículo no solo carece de línea política, y se centra en formalidades insustanciales, burocráticas, sino que atropella el pensamiento lógico con sofismas elementales. Un político serio, ajustando dinámicamente su línea estratégica preguntaría, no ¿ante quién?, sino, ¿qué hacer para encabezar las luchas de las masas?
Ella pregunta: ¿si no participamos en las próximas elecciones, irán a parar a un partido cómplice de Ortega los 800 mil votos del PLI, obtenidos en 2011?
Y ofende a 800 mil ciudadanos que adversan conscientemente a Ortega, y que no ven las elecciones como un recurso válido. Pocos saben entomología para distinguir un zancudo de otro.
El problema del momento no es dilucidar ante quién solicitar la personalidad jurídica. Si Ciudadanos por la Libertad corren a solicitar su personería jurídica, transmiten de hecho una premura por aplicar la política derrotista de borrón y cuenta nueva.
Si lo que percibe la población (y ello es el objeto de la propaganda política) es que Ciudadanos por la Libertad se enfilan por su cuenta a la espera que el mismo Ortega vea conveniente —por alguna razón— incorporarles en su coto de partidos legalizados, no debe sorprender que se les critique por buscar oxígeno, no entre las masas, sino, en la legalidad orteguista.
En el fondo, Monterrey no exige al CSE un derecho, sino, una oportunidad para que Ortega les conceda participar en una nueva farsa. Y participar en una farsa no es un derecho, sino, una vergüenza. A una dictadura no se le exigen derechos, sino, con una táctica combativa, se deben abrir espacios efectivos de lucha contra la misma.
El problema es: ¿cómo debe actuar un partido combativo ante un régimen dictatorial? Para ser un partido político no se requiere estar legalizado por el CSE. Para participar en las farsas electorales, sí.
La señora Monterrey escribe:
La única salida a esta crisis es por la vía cívica y eso solamente ocurrirá cuando logremos tener elecciones verdaderamente libres.
Es al inverso, habrá elecciones verdaderamente libres cuando se derrote efectivamente a la dictadura. En realidad, todas las luchas populares por la libertad son cívicas, aunque no siempre sean pacíficas.
Un partido político debe apuntar a debilitar a la dictadura, a impedirle que pueda ejecutar su estrategia, a rendirle por la fuerza.
Si fuese posible, sin disparar un tiro. Pero, no a que Ortega lo incluya en su estrategia.
Escribe la señora Monterrey:
Cuando doña Francisca tuvo que reclamar por la devolución de sus camiones, lo tuvo que hacer ante la misma Policía que la atacó.
Hay una diferencia cualitativa enorme, que Monterrey no ve. El reclamo de doña Francisca pone de manifiesto el abuso policial. Desenmascara el carácter partidario de la Policía, descubre su sometimiento a los dictados de Ortega, que la obliga a actuar al margen de la ley, secuestrando bienes privados en actitud vandálica. La señora Monterey, en cambio, desea que la incluyan en la legalidad orteguista. Desea que Ortega le permita participar en sus procesos viciados. Y esto, en momentos que la mayoría de la población repudia el zancudismo electorero.
En el colmo de la ingenuidad política, la señora Monterrey pregunta:
Y si logramos que se repitan las elecciones del 2016, ¿quiénes podrán participar?
Esta premisa encierra una victoria contra Ortega, un cambio formidable de la correlación de fuerzas. La pregunta sería ¿cómo se ha logrado derrotar a Ortega? Y ante esa derrota, nadie preguntaría quiénes podrán participar en un nuevo proceso electoral, porque los luchadores victoriosos resolverán ese tema con un nuevo orden democrático. La señora Monterrey, piensa en términos de una superación del orteguismo como obra de Ortega. Y ante esa eventualidad absurda, que ella llama de “vientos favorables”, desea tener listo a su partido… legalizado por Ortega.
El autor es ingeniero eléctrico.
