El diputado José Antonio Zepeda, el ministro de Cultura, y muchos otros funcionarios del Estado, deberían estar presos. Daniel Ortega, además de preso, debería también ser inhabilitado para correr como candidato. Lo manda expresamente la Ley Electoral, ley de rango constitucional y de ineludible cumplimiento.
Usted, lector, puede bajar dicha ley en internet y encontrará que el artículo 175 dice literalmente: “Será sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años: 2) El que aprovechándose de sus funciones o atribuciones presione a sus subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse 8) El que usare bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. 9) El que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas”.
El diputado Zepeda, exdirector del sindicato sandinista Anden, justificó que hubiese propaganda electoral, o proselitista, en las escuelas públicas. El Ministerio de Cultura firmó un gran afiche de propaganda electoral colocado en el viejo Gran Hotel de Managua. La gerencia de la Asamblea Nacional ha permitido propaganda electoral dentro de su recinto. Les corresponde la cárcel; a ellos y a muchos más, pues el proselitismo o la propaganda política a favor del FSLN es común en muchas instituciones del Estado.
El caso es peor para Ortega. La ley, en su artículo 177 dice, además: “Si los delitos establecidos en el capítulo IV, del título VII o en este capítulo fueren cometidos por candidatos inscritos, se les cancelará su inscripción como tales y serán inhabilitados para ejercer cargos públicos de uno a tres años”.
Al tomar posesión Ortega, autoridad suprema de todos los funcionarios, juró solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si no detiene de inmediato a quienes la están incumpliendo, se convierte en cómplice o coautor de tales delitos. En este caso la Procuraduría General de Justicia, a quien el artículo 178 comisiona para ejercer las acciones penales ante los delitos electorales, debe acusarlo. Si no lo hace violaría la ley que la mandata y se haría, también, cómplice de los mencionados delitos. Si se le encuentra culpable debería ordenarse la cancelación de su inscripción como candidato y su arresto en la cárcel “La Modelo”.
Ignorar estas disposiciones y seguir violando la Ley Electoral, en medio de la más completa impunidad, solo vendría a confirmar el crónico desprecio por la ley que ha caracterizado a la actual clase gobernante y a buena parte de nuestra cultura política. El colmo es que, en la misma Asamblea Nacional, donde se elaboran y promulgan las leyes, y donde debería existir un especial respeto a la sacralidad de las mismas, se haya instalado un mural con propaganda política de Ortega.
Es grave lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede hablarse de construcción del estado de derecho y la institucionalidad, si nuestras autoridades violan descarada y cotidianamente los preceptos jurídicos? ¿Cómo puede educarse a las futuras generaciones en el cumplimiento de sus deberes y en el respeto a la ley, si desde el presidente, hasta los padres de la patria, la pisotean tranquilamente? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? Una de las debilidades de nuestra cultura es, precisamente, el crónico incumplimiento de leyes y preceptos. Gobiernos y líderes en general, tienen una gran responsabilidad en contrarrestar estas tendencias con su ejemplo. Desgraciadamente están haciendo lo contrario. Fraudes electorales, violaciones a la Constitución, irrespeto generalizado y descarado por las leyes, son conductas profundamente deseducadoras que corroen los cimientos de nuestra civilidad.
No debemos, no podemos, seguir por este camino tan dañino. No podemos vivir en una farsa electoral y en una farsa legal, y esperar que de allí brote la Nicaragua próspera y estable que buscamos.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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