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La justicia orteguista ocupa a los juzgados de Managua para violentar el principio constitucional de publicidad en las audiencias que se realiza en contra de los últimos opositores detenidos. Las audiencias son realizadas en secreto. LA PRENSA/ ARCHIVO

PGR persigue a falsos abogados y falsos funcionarios públicos

Según la PGR, en busca de influir en la víctimas, muchos se han hecho pasar por abogados, jefes policiales, magistrados judiciales, funcionarios de la alcaldía y hasta enviados del presidente inconstitucional Daniel Ortega

El Procurador Nacional Penal Hernaldo Chamorro aseguró que pronto presentarán más acusaciones por falsificación y uso de documentos falsos en diferentes departamentos del país, ya que existen grupos de traficantes de tierra del Estado que andan haciéndose pasar como abogados o trabajadores del Estado ofreciendo influencias y cobrando a cambio, altas sumas de dinero.

“Las personas se están acercando a la PGR en los territorios y en las oficinas centrales para denunciar que han sido estafadas por estas personas que utilizando documentos falsos andan adjudicando terrenos del Estado y cobrando por ello”, dijo Chamorro.

Entre los métodos utilizados por estas personas están la falsificación de documentos, sellos y firmas de funcionarios del Estado. Entre las firmas que han falsificado está la del Procurador General Hernán Estrada, notarios del Estado, de la intendencia de la propiedad, del Superintendente de bancos.

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También se hacen pasar por asesores legales , secretarios y asistentes del Procurador Estrada, el subdirector de la Policía Nacional Francisco Díaz, del magistrado Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal de la Corte, y prometen supuesto tráfico de influencias, para supuestamente obtener legalización de tierras y fallos a favor, a cambio de dinero.

Los departamentos más afectados por estos grupos delictivos son Managua, Matagalpa, Jinotega, en las zonas donde existe demanda de tierras, agregó el procurador.

50,000 dólares es uno de los montos que cobran los falsos abogados a personas interesadas en legalizar tierras que le pertenecen al Estado. En materia penal cobran hasta 12 mil dólares por libertad de reos.

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