El caso del falso magistrado y la justicia

Ha sido muy comentada por el público, la noticia del reo que desde la cárcel simulaba ser el magistrado de facto y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, a fin de estafar ofreciendo facilitar procesos judiciales para liberar a presos por narcotráfico y otros delitos y acusaciones, a cambio de gruesas cantidades de dinero.

Una red de colaboradores fuera de la cárcel ayudaba al habilidoso estafador a consumar su singular actividad delictiva, la cual, según las denuncias que se han publicado, le reportaban jugosos beneficios.

Reflexionando acerca de la facilidad con la que el falso magistrado logró timar a una cantidad considerable de víctimas, cabe preguntarse cómo ha podido ser posible que tantas personas fueran estafadas tan fácilmente.

La estafa, como se sabe, es un delito que se realiza por medio del engaño del estafador, quien generalmente se aprovecha de la ignorancia, la credulidad, la ingenuidad y en algunos casos también la codicia de las personas que son víctimas del timo. Sin estos ingredientes básicos es prácticamente imposible que una persona pueda ser estafada y menos un grupo numeroso de ellas.

Es fácil entender que alguien ignorante e ingenuo pueda ser estafado, cuando le ofrecen un supuesto negocio fácil que le permitiría obtener jugosas ganancias de manera instantánea o muy rápidamente. Pero en el caso del falso magistrado de la Corte Suprema de Justicia, resulta difícil creer que se entregue crecidas sumas de dinero, por interpósitas manos, sin haber tratado directamente con el supuesto máximo funcionario judicial, solo por medio de llamadas telefónicas. Si alguien que se identifica como magistrado o juez le ofrece a otra persona conseguir la libertad de algún deudo preso o acusado, a cambio de una considerable cantidad de dinero o de un bien material, lo menos que esa persona podría y debería hacer es cerciorarse de que está tratando con el funcionario indicado, es decir, el juez o magistrado.

Pero en Nicaragua, tal como está la administración de justicia es comprensible que ocurran estafas como esa. En realidad, la explicación más lógica que se puede encontrar a la interrogante de cómo es posible que el reo y falso magistrado pudiera sorprender y estafar a tantas personas, es que los ciudadanos nicaragüenses en su gran mayoría están convencidos de que la justicia en Nicaragua ha sido convertida en una mercancía, la cual puede ser adquirida fácilmente a cambio de dinero o cualquier otra forma de coima, en el mercado público en que se ha convertido el poder judicial de Nicaragua. Los nicaragüenses consideran normal que deba pagarse para obtener una sentencia o cualquier resolución judicial, están convencidos de que la justicia está divorciada del derecho y que la única alternativa es pagar por ella.

Lo que se evidencia con este caso del falso magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que con el de la cocaína convertida en talco, es la grave crisis moral que sufre la sociedad nicaragüense por la corrupción generalizada de las instituciones. Y da tristeza ver cómo esta situación se pretende continuar mediante el nombramiento de magistrados para seguir en lo mismo.

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