De crimen organizado, estafa agravada y uso de documentos falsos fueron acusados tres hombres que supuestamente actuaron en perjuicio de la Procuraduría General de la República (PGR) y siete personas.
En una extensa acusación ante el juez quinto de Distrito Penal de Audiencias, Julio César Arias, el Ministerio Público detalló ayer el supuesto accionar de Róger Fletes Acevedo, Douglas Valdez Rodríguez y Deglis Omar Martínez, acusados de estafar a varias personas haciéndose pasar por funcionarios de la PGR.
Según la acusación, Róger Fletes Acevedo se presentaba como empleado público con cargo de asistente personal del procurador general de la República, Hernán Estrada, aduciendo además tener vínculos de afinidad (cuñado) con este, mientras los otros dos acusados se dedicaban a identificar a las víctimas.
Los acusados les aseguraban a los afectados que el procurador Hernán Estrada les legalizaría sus bienes por medio de Fletes Acevedo.
La primera víctima fue Ronald Acuña Quintanilla, quien es presidente de una cooperativa ubicada sobre la Carretera Vieja a León, este mantenía sin legalizar unas tierras por lo que le prometieron hacer el trámite por la cantidad de 9,500 dólares que serían supuestamente para el procurador general.
Clemente Castro Lucre y su hermano también son víctimas. A ellos les prometieron legalizarles una finca ubicada en Río Blanco, Matagalpa, y les indicaron que debían presentarse ante las oficinas centrales de la PGR en Managua.
Cuando los hermanos se presentaron a dichas instalaciones constataron con funcionarios de la entidad que todo era falso y no había ninguna cita acordada con ellos.
Fue entonces que acordaron reunirse con los supuestos estafadores, pero además dieron aviso a la Policía Nacional y miembros de la PGR. Los ahora acusados fueron detenidos en el Puerto Salvador Allende el pasado 16 de septiembre, aunque la Policía Nacional les venía dando seguimiento a los acusados desde 2014.
Los tres detenidos fueron dejados en prisión preventiva y permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Nacional.
El procurador nacional penal, Hernaldo Chamorro Díaz, recalcó que “los servicios que brinda la institución del Estado son gratuitos, por disposición del gobierno. El Estado no cobra por ninguna gestión que realiza, y cualquier problema, situación o conflicto de propiedad, lo más recomendable es que se aboquen a la Procuraduría”.
TRAMITACIÓN COMPLEJA
Por ser un proceso que requiere más investigación, ante la posibilidad de que haya más personas afectadas, el Ministerio Público solicitó al juez Julio César Arias, que ordenara la tramitación compleja del caso y este dio lugar a dicha petición.
El procurador penal nacional, Hernaldo Chamorro Díaz, estuvo presente en la audiencia como representante de la PGR y solicitó al juez que se mantenga presente a dicha entidad durante todo el proceso.
La audiencia inicial en este caso fue programada para el próximo 4 de octubre a las 11:05 de la mañana.
