Exdiputados se amparan. Los 28 exdiputados del Partido Liberal Independiente (PLI) introdujeron este martes un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en un intento por revertir la pérdida de su condición de legisladores.
El abogado y exdiputado Raúl Herrera explicó que el recurso de amparo fue solicitado bajo el argumento de que no existió causal para la destitución y no se siguió el proceso legal correspondiente, establecido en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional (606).
“La Ley Orgánica de la Asamblea establece las causales y las razones por las que un diputado pierde esa condición, pero en este caso no hubo ningún proceso de destitución. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió destituirnos sin ningún juicio, sin ninguna causa que lo motivara”, manifestó Herrera.
El exdiputado también dijo estar claro de que “en Nicaragua no rige el imperio de la ley, sino la voluntad de la familia que está en el poder”.
El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro expresó que la ley los debería de amparar, porque la razón y la legalidad los asiste, pero si el TAM no les da el amparo, manifestó que lo que estarían solicitando es “el certificado de defunción de la democracia representativa de Nicaragua”.
La destitución de los 28 diputados opositores (16 propietarios y 12 suplentes) se hizo efectiva el 29 de julio, por orden del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional —controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, acató la orden del CSE a solicitud de Pedro Reyes, a quien los magistrados orteguistas le entregaron las riendas del PLI.
Esta decisión del CSE en acuerdo con la Asamblea Nacional, es considerada por los diputados destituidos como una movida más del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para quitar de en medio a la oposición política, a la que ya le habían quitado el partido político para participar en las elecciones.
