Recientemente, después de siete años, salió a luz pública en el Reino Unido el Informe Chilcot, que confirma lo que ya todos sabíamos sobre la invasión de Irak. Más allá de la responsabilidad histórica, moral y política de los líderes que encabezaron esa aventura (Bush, Blair y Aznar), lo que pone sobre el tapete el Informe es el complejo tema de las relaciones entre política y verdad y los mecanismos democráticos necesarios para que estas se mantengan en el marco de la ética y de la estricta defensa de valores e intereses nacionales.
Como explica el profesor de Harvard, Joseph S. Nye, en su artículo La mentira y el liderazgo (El País, 17/7/16), a propósito de las falsedades de Donald Trump en su campaña electoral, la lucha contra el cinismo no es una tarea exclusiva de la prensa sino que necesariamente debe involucrar a la ciudadanía en su conjunto. Esta es condición necesaria para que se cumpla la ley que pone de relieve Eric Alterman, en su libro When Presidents Lie, de que las mentiras en política “se convierten inevitablemente en monstruos que estrangulan a sus creadores”.
La mentira no solo es la arena movediza en que se asienta la dictadura; en el caso de la las democracias, puede llevar a desastres costosos como el sucedido en Irak o hacer caer al mentiroso víctima de sus mentiras, como sucedió a Nixon. La historia está abrumadoramente llena de ejemplos.
En nuestro caso, la tiranía de Ortega se ha impuesto en base a la mentira. Una mentira harapienta, semidesnuda, esperpéntica, prostibularia y perversa, cínica y descarada, que se multiplica en mil formas, incluyendo no solo proyectos faraónicos irrealizados sino también tragicómicas sentencias judiciales y promesas, como las de que jamás regresará la guerra, mientras se adquieren tanques para aplastar al pueblo. La última expresión de esta política de la mentira, que incluye falsificaciones históricas y manipulación religiosa, es la gran farsa electoral del próximo noviembre, urdida con el concurso de todos los poderes y de los viejos y nuevos zancudos.
Antes de rechazar a los observadores internacionales y quitarle la representación legal del PLI a Montealegre, el panorama electoral era el de un sistema corrupto, que no ofrecía ninguna garantía de imparcialidad y respeto al voto ciudadano. Ante la eventualidad de un retiro a última hora de la Coalición Democrática, que pusiese en evidencia este sistema fraudulento, se optó por aplicar la lógica del matón pendenciero de barrio, de que quien pega primero pega dos veces. Es la misma lógica prepotente de la guerra preventiva, que trabaja no con hechos sino con escenarios hipotéticos. Una lógica de corto plazo, que ha profundizado la preexistente y ya gravísima crisis de legitimidad del sistema electoral y que tendrá efectos desastrosos en el mediano y largo plazo.
El secreto y la mentira en que se mueven todas las tiranías hace que estas vivan en un marasmo de conspiraciones, reales o inventadas, que permiten mantener a raya no solo a los enemigos de fuera y de dentro sino también a los supuestos amigos y soportes del régimen. Por eso la teoría conspirativa, que pretende justificar las últimas decisiones como un asunto de defensa del proceso electoral, no convence a nadie y solo se explica en las mentes desvergonzadas y perversas de quienes conspiran las veinticuatro horas del día en contra de los nicaragüenses.
¿A quién pretende engañar Daniel Ortega con el circo electoral que ha montado, a través de Roberto Reyes y resto de comparsas? Una mentira que, como esos monstruos que estrangulan finalmente a sus creadores a que se refiere Alterman, profundizará hasta el punto de hacer irreversible la crisis de legitimidad que Ortega arrastra y terminará por aislarlo interna e internacionalmente. Un circo que hay que denunciar con toda la energía necesaria, allá donde vayamos, y rechazar el día culminante de su puesta en escena, absteniéndonos de participar en la farsa. Es lo menos que podemos hacer por el bien del país y nuestra dignidad ciudadana.
El autor es jurista y catedrático.
