El Gobierno de EE.UU. se declaró este lunes 1 de agosto “profundamente preocupado” por “las acciones del Gobierno y la Corte Suprema nicaragüenses para limitar el espacio democrático” ante las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo.
“Urgimos al Gobierno nicaragüense enérgicamente a crear un ambiente más abierto para unas elecciones libres e imparciales que permitan al pueblo nicaragüense determinar el futuro de su país”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby.
En un comunicado emitido en Washington, Kirby recordó que el pasado 8 de junio la Corte Suprema falló contra el excanciller Eduardo Montealegre como representante legal del Partido Liberal Independiente (PLI).
Montealegre encabezaba una coalición opositora para los comicios de noviembre, en los que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.
“La Corte Suprema adoptó una acción similar el 17 de junio, cuando invalidó el liderazgo del Partido Acción Ciudadana (PAC), el único partido opositor que quedaba con base legal para presentar a un candidato presidencial”, afirmó el portavoz.
Kirby también mencionó la decisión tomada el pasado 29 de julio por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el sandinismo, que acordó destituir a 28 diputados opositores, entre propietarios y suplentes, de “sus puestos popularmente elegidos”.
A juicio de EE.UU., “unas elecciones creíbles y la pluralidad política son fundamentales para cualquier democracia fuerte”.
En ese sentido —apostilló el portavoz— la sociedad civil y tanto los líderes empresariales como religiosos de Nicaragua siguen abogando por “un fortalecimiento de las instituciones democráticas, una separación de poderes y un proceso electoral imparcial”.
Por eso, Kirby instó al Gobierno nicaragüense a “respetar las voces de su pueblo y dar los pasos para unas elecciones imparciales y transparentes que permitan la participación completa de todos los ciudadanos nicaragüenses”.
Ese respeto —añadió— debe permitir también “a los partidos de la oposición operar de forma independiente”.
DENUNCIA INTERNACIONAL
Los miembros de la Coalición Nacional por la Democracia —que iba a participar en las elecciones encabezada por el PLI de Montealegre— denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) las acciones antidemocráticas de Ortega.
A inicios de junio, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) planteó a la OEA que las acciones de Ortega violentan la Carta Democrática Interamericana (CDI), y recomendó que merecía una actuación por parte del organismo continental.
El Centro Carter, organismo estadounidense de promoción de la democracia, lamentó en junio que Ortega haya cerrado la posibilidad de observar las elecciones.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa opinó este domingo que las últimas acciones de Ortega han puesto a Nicaragua en “la pantalla del radar mundial, pero de forma negativa para la imagen del país” y en consecuencia “ha dañado nuestro clima de inversiones, tanto para inversores nacionales como extranjeros”.
INFORME NEGATIVO
En julio, el informe sobre clima de inversiones en Nicaragua 2016, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, puso en relieve preocupaciones de ciudadanos estadounidenses relacionadas con la tenencia de la propiedad, el proyecto del Gran Canal Interoceánico y la debilidad de las instituciones nicaragüenses, especialmente “el poder judicial y las fuerzas policiales (que) han sido politizadas”.
El mes pasado también se conoció que 10 congresistas estadounidenses están impulsando un proyecto de ley que condiciona la inversión en Nicaragua, lo cual sería una respuesta a la falta de prácticas democráticas del gobierno de Ortega, violaciones a los derechos humanos y la expulsión de funcionarios estadounidenses.
SAÑA CONTRA OPOSICIÓN
El 8 de junio, el líder opositor Eduardo Montealegre fue despojado de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) en pleno proceso electoral.
El PLI que encabezaba Montealegre participó en las elecciones generales de 2011, en las que, a pesar de que fueron cuestionadas por su falta de transparencia, ese partido obtuvo casi 779 mil votos, o sea, 31 por ciento de la votación.
Las decisiones que desde junio vienen tomando la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, todos bajo el control de Ortega, en esencia eliminan la voluntad a favor de esos diputados expresada en las urnas por esos 779 mil nicaragüenses.
