El sacerdote Pablo Espinoza, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Matagalpa, calificó a la Policía Nacional como “una institución para reprimir”, al denunciar el arbitrario arresto de tres campesinos de la comunidad.
Los campesinos, que fueron “fichados como delincuentes” según sus propias denuncias, son parte de la pastoral de la Iglesia católica en la zona y fueron detenidos, supuestamente, porque los habían denunciado otras personas de ser los autores de las pintas contra el Gobierno en el pueblo.
Este caso revela el regreso de los nefastos “orejas” que nacieron en las dictadura somocista y que el régimen sandinista de los años ochenta del siglo pasado perfeccionó con técnicas cubanas y de los países de la órbita soviética situados detrás de la Cortina de Hierro, que sometían —y en el caso de la dictadura cubana aún somete— a sus ciudadanos al espionaje entre vecinos.
El caso de Rancho Grande, que combina el regreso de los “orejas” con el papel represivo que viene jugando cada vez más la Policía Nacional, no es un caso aislado.
La denuncia de la detención arbitraria en Rancho Grande fue publicada en la edición de ayer de LA PRENSA, en esa misma edición publicamos una amplia entrevista a doña Francisca Ramírez, coordinadora del movimiento campesino que se ha organizado para defender sus tierras ante la amenaza de que sean arrebatadas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega y su socio, el empresario chino Wang Jing, amparados en la Ley 840, o Ley del Canal Interoceánico.
Si bien es cierto que no hay señales de que el Canal vaya a ser una realidad, también es cierto que la Ley 840 sigue vigente y es una espada de Damocles sobre las tierras de los campesinos que tuvieron la desgracia de quedar en la “ruta del Canal”, como la aguerrida comunidad de La Fonseca, Nueva Guinea, que pide la derogación de esa Ley que establece que el concesionario del Canal puede disponer de las mismas.
Doña Francisca vive en La Fonseca y la semana pasada fue detenida junto con un grupo de jóvenes ambientalistas extranjeros que enseñaban a la comunidad a hacer cocinas que consumen poca leña. La detención fue por “manipulación de sustancias explosivas”, pero tal como describe el incidente doña Francisca, no fue más que un leve accidente que la Policía aprovechó para hacer evidente el acoso a la comunidad. Como dice doña Francisca en la entrevista, el acoso ahora es “más fuerte”.
Esta situación de acoso y represión policial se ha venido intensificando en las comunidades y municipios donde se ha expresado malestar contra el régimen de Ortega. En el caso de la lucha anticanal se ha visto en Nueva Guinea, La Fonseca y Rivas. El fraude de las elecciones municipales de 2012 provocó represión en Ciudad Darío, La Paz Centro y Nueva Guinea. Más recientemente se ha dado en varios municipios del Norte e incluso la semana pasada en Managua cuando la brigada antimotines irrumpió en una empresa de textiles para poner fin a una huelga.
El régimen cada día utiliza más a la Policía para emplear la violencia contra todo aquel que exprese desacuerdo, pero eso, en lugar de amedrentar a los afectados, tal como dice doña Francisca, les da más fuerza.
Ha habido un debate, hasta cierto punto bizantino, sobre si este régimen es en efecto una dictadura, algunos dicen que no lo es porque no hay represión, presos políticos ni muertos. La represión es ya evidente. ¿Habrá que esperar a ver los presos políticos, los muertos y una represión aún más generalizada para que la sociedad se empiece a preocupar?
