Las últimas reformas de la Constitución Política reafirman que en Nicaragua “la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo, participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación…”
Este derecho se desarrolla en el artículo 49 de la ley suprema que establece claramente el derecho de constituir organizaciones los trabajadores del campo y la ciudad, las mujeres, los jóvenes, artesanos, profesionales, técnicos, intelectuales, artistas, religiosos y otros sectores de la vida nacional sin discriminación alguna; derecho que sin duda alguna ha sido ampliamente acogido por miles de nicaragüenses que de una u otra forma participan de diferentes maneras para ejercer el precepto constitucional de cumplir una función social, tal como lo reitera el mismo articulo 49, el cual va mas allá al expresar que estas organizaciones “podrán o no tener carácter partidario según su naturaleza y sus fines”.
En Nicaragua las organizaciones de sociedad civil han jugado un papel importante desde la inclusión de este derecho ciudadano en 1939 y se han mantenido en casi todas las constituciones de finales del siglo XX y ratificadas en las últimas reformas reflejando que el derecho de asociación es el mejor instrumento de participación y de expresión de los ciudadanos.
Este derecho que en diversas ocasiones ha tratado de ser conculcado o disminuido por diferentes regímenes, se encuentra respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados y convenios que forman parte vinculante con los derechos de participación ciudadana, ya que la misma ley suprema en su artículo 46 reconoce que toda persona goza de la protección estatal, la protección de los derechos humanos y garantiza la vigencia de las declaraciones, tratados, o convenciones que han sido suscritos por los gobiernos.
El derecho de asociación en la medida que se expanden los avances jurídicos adquiere más importancia y respalda a los ciudadanos que con fines lícitos se integran en asociaciones, fundaciones, ONG, movimientos, foros, grupos, y otras formas de ejercerlo dentro de los marcos establecidos en la ley y que se manifiestan en la vida nacional, desde los ambientales, jurídicos, sociales, económicos, religiosos, académicos, humanitarios, hasta los de incidencia en políticas públicas.
Es un derecho y una obligación participar organizados en diversas formas para demandar mejor el cumplimiento de las garantías tal como lo estamos observando en las asociaciones de las personas de tercera edad, capacidades diferentes, ambientalistas, LGTB, jóvenes, obreros, mineros, artesanos o campesinos defendiendo estos últimos sus tierras, y el agua, lo cual demuestra que el ejercicio de la soberanía nacional es un derecho que el pueblo debe ejercerlo plenamente, ya que el articulo uno de la ley suprema, ratifica que la soberanía es un derecho irrenunciable, como lo son también el de la independencia y la autodeterminación.
Cabe recordar que siendo secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton enfatizó y advirtió sobre la importancia de las organizaciones de sociedad civil “la persecución de los activistas y organizaciones de la sociedad civil, ya estén luchando por la justicia y la ley, o el gobierno transparente y honesto, o la salud pública, o un medioambiente sano, o verdaderas elecciones, no es solamente un ataque contra personas que admiramos, sino que es un ataque contra nuestros propios valores fundamentales”.
El autor es Director ejecutivo del Grupo Projusticia.
