El juez de Distrito de Familia de Jinotepe, Carlos Antonio Espinoza, se pronunció a favor del Ministerio de la Familia (Mifamilia) para declarar en total desamparo a la niña Freydell Monserrat Castillo Cruz, de 16 meses.
Declaró la pérdida total de las relaciones parentales de la menor, y además que se cancele la partida de nacimiento que se tramitó en la ciudad de Managua, donde la niña aparece como Freydell Eliasis Cruz, el mismo nombre que se utilizó en las publicaciones de los edictos para darla en adopción a una pareja española.
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La niña fue retirada en octubre del año pasado del cuido de su abuela, Ana Francisca Gómez, por trabajadores del Ministerio de la Familia (Mifamilia). Desde entonces su familia inició la búsqueda hasta conocer que se llevaba un proceso en Jinotepe, para declararla en total abandono.
En su resolución, el juez Espinoza dice que “se deja a salvo el derecho del Ministerio de la Familia de acudir a la vía penal por los delitos cometidos en la audiencia de falso testimonio y el delito de exposición de personas al peligro”.
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ARGUMENTOS DEL JUEZ
En sus argumentos señala que la abuela de la niña, Ana Francisca Gómez Cruz, y el papá de la menor, Marlon Rafael Castillo Cruz, cometieron falso testimonio al contradecirse en sus declaraciones.
En su motivación de sentencia el juez dice que “con las pruebas en su conjunto, y bajo el sistema de sana crítica y la íntima convicción, este judicial ha quedado claro y convencido (de) que la niña Freydell Monserrat Castillo Cruz, conocida como Freydell Eliasis Cruz, fue abandonada por cinco meses en manos de otras personas que no eran su familia, que ni siquiera el padre biológico ni la abuela materna que vinieron a declarar supieron explicar qué tipo de leche le daban a la beba”.
FUNCIONARIA DE MIFAMILIA ES AHORA TUTORA DE NIÑA
Se nombró como tutora a Katia Zelda Jaentschke, la misma funcionaria del Ministerio de la Familia que ha llevado el proceso de solicitud de declarar a la niña en total abandono.
La parte demandada a través del abogado Elvin Lanzas dijo que apelarán la sentencia hasta agotar todas las vías. “Todas las aseveraciones de los testigos del Ministerio de la Familia fueron verdaderas para el señor juez y las contradicciones él no las vio”, dijo Lanzas.
Solicitó a Rosario Murillo, primera dama de la República, y al presidente inconstitucional Daniel Ortega que pongan atención a estos tipos de casos. “Esto es inadmisible, ahora por querer ejercer su derecho, al padre de la niña y a la abuela les pueden hacer una acusación penal”, expresó Lanzas.
MADRE DICE QUE NO DESCANSARÁ
Después de haber conocido la resolución del juez, Elva María Cruz Gómez, la madre de la niña, dijo que no descansará hasta que le entreguen a su hija. “Yo me siento muy mal, todo está en contra mía, el juez no permite que le digan nada, para él, el Ministerio de la Familia no tuvo contradicciones”, señaló la joven madre.
Cruz es originaria de la comunidad de Colocondo, municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí. Una de las irregularidades denunciadas por los padres de la niña es que el juicio no se ventiló en este departamento, sino en Jinotepe.
La joven madre argumentó que la señora María Cristina Cruz Velásquez, quien supuestamente fue la que puso la denuncia en su contra (de que la niña había sido abandonada), no es de su comunidad y que nunca antes la había visto, ya que fue hasta este jueves —que se celebró la audiencia— que le vio la cara por primera vez.
Por su parte, el señor Marlon Castillo Cruz, abuelo de Freydell, dijo que ni él ni nadie de su familia conoce a la mujer denunciante.
Mifamilia en su alegato expresa que fue Marlon Castillo (hijo) quien le suplicó al marido de María Cristina Cruz para que esta pusiera la denuncia en contra de su expareja.
SE VIOLENTÓ EL PROCESO
Marjourie Rodríguez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que ellos como organismo estarán acompañando a ambas familias estelianas para que el Ministerio de la Familia le entregue la niña a sus legítimos padres.
“Las resoluciones que le dan al Ministerio de la Familia no son definitivas, son impugnables y en este caso se le ha negado el derecho a la familia de la niña a impugnarla, porque a los padres de Freydell nunca se les notificó que el caso se ventilaba en la ciudad de Jinotepe y que eso fue una limitante, lo cual se violentó el legal y debido proceso”, dijo Rodríguez.
Explicó que informarán de estos casos a las alianzas internacionales de derechos humanos, pero que antes van a hacer uso del derecho que es el recurso de apelación.
LA PRENSA quiso conversar con Katia Zelda Jaentschke, funcionaria de Mifamilia, pero no quiso brindar declaraciones ocultándose detrás de la puerta principal del juzgado.
