Más de ocho mil reos fueron liberados en los últimos dos años, antes de cumplir sus condenas, sin que se respetara el procedimiento judicial establecido en la ley. Según denuncias de organizaciones de la sociedad civil y mujeres que se sienten perjudicadas por esta situación, algunos o muchos de los reos liberados fueron condenados a prisión por delitos de violencia intrafamiliar e incumplimiento de obligaciones alimentarias con sus hijos menores.
La justificación extraoficial de la masiva liberación de reos sin cumplir el trámite legal y judicial, y sin que los excarcelados hubieran sido favorecidos por indultos o amnistías, es que las cárceles están sobrepobladas, que fueron sentenciados por delitos menores o que ya habían cumplido parte de sus condenas. Y se dice que no solo reos condenados por violencia contra la mujer y por incumplimiento de obligaciones alimentarias han sido y están siendo liberados, sino presos en general.
Diputados y otros funcionarios del poder orteguista justifican la liberación de reos violando el mecanismo legal, con el argumento de que así se cumple el principio del moderno derecho penitenciario que apunta más a la rehabilitación social y menos al castigo carcelario. Y con evidente descaro, aseguran que el Gobierno está atendiendo el llamado del papa Francisco a practicar la misericordia con las personas privadas de libertad.
Sin embargo, diputados democráticos, o sea opositores, advierten que con la arbitraria liberación masiva de reos se pretende encubrir la puesta en libertad de presos afines al orteguismo, que cometieron delitos graves pero fueron favorecidos con penas mínimas de prisión, como es el caso de los expolicías que asesinaron a varios miembros de una misma familia en Las Jagüitas, el 11 de julio del año pasado. Por su parte, miembros de organizaciones de la sociedad civil denuncian que el régimen está privando de justicia a las mujeres víctimas de la violencia machista y a las madres de hijos cuyos padres no cumplen las responsabilidades alimentarias que manda la ley.
En realidad, es cierto que muchos reos deben ser puestos en libertad porque fueron condenados injustamente o se les impuso penas excesivas. Otros porque siguen presos después de haber cumplido sus condenas, o porque ya cumplieron la mayor parte de ellas y por su buen comportamiento merecen quedar libres. Y algunos más deben ser liberados porque sufren enfermedades terminales y otros padecimientos que solo en libertad podrían ser tratados apropiadamente.
Pero la justicia penitenciaria debe aplicarse de conformidad con la ley, o sea mediante resoluciones judiciales o indultos y amnistías, no por decisiones arbitrarias de un poder absolutista que con la misma discrecionalidad con la que pone en libertad a un preso, encarcela a cualquier ciudadano e incluso puede llegar al extremo de ordenar ejecuciones extrajudiciales.
Montesquieu alertó hace mucho tiempo que cuando un solo individuo o grupo de personas ejerce al mismo tiempo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos un Estado absolutista capaz de cualquier monstruosidad. Lo advirtió hace 269 años pero en algunos países, como Nicaragua, aún existe ese Estado oprobioso.
