Erick Sotelo Soza denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que después de 15 años de desempeñarse como supervisor de una línea aérea, fue despedido a mediados de enero pasado, un día después que la Policía lo presentó junto a otros familiares como integrantes de una denominada banda “Los Chipirules”.
A mediados de enero, la Policía irrumpió en la casa de Sotelo y sus parientes, ubicada en el barrio María Auxiliadora, los sacó de sus camas y los detuvo bajo el alegato de que era una orden del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
LA PRENSA buscó versión de la Policía, pero no hubo respuesta a la solicitud de información.
A Sotelo de nada le sirvió presentarse ante los agentes del operativo policial como un oficial retirado de la Fuerza Aérea y, junto a otras siete personas fue conducido al Distrito Cuatro de la Policía.
Públicamente la Policía exhibió a los arrestados de incurrir crimen organizado,ser receptores de artículos robados y violadores, por lo cual recurren al Cenidh para demandar que les sean limpiados sus nombres, pues lo consideran “una humillación” la que les hicieron.
Donald Bismarck Soza Sotelo, refirió que cuando la Policía irrumpió violentamente en su vivienda, aún dormían, y aunque exigieron que presentaran la orden de allanamiento o captura, únicamente les presentó un listado de personas que buscaban en la que no aparecían ninguno de los denunciantes. En el listado estaba un hermano de ellos que es alcohólico y fue detenido por vagancia habitual, pero que se identificó rápidamente. No obstante la Policía los subió a todos en la patrulla incluido una persona de 80 años que sacó desnuda de la casa y a un menor de 14 años.
“Nos esposaron como criminales, como delincuentes”, indicó Soza.
Jimmi José Zamora Ampié, indicó que cuando la Policía del Distrito Cuatro los presentó como integrantes de una banda delictiva, también sacó una serie de objetos viejos y en desuso, supuestamente robados que nunca habían visto.
CAPTURA ILEGAL
El abogado del Cenidh, Carlos Guadamuz, consideró que la actuación policial en este caso fue arbitraria, pues el allanamiento antes de las 6:00 a.m., fue ilegal, además que no presentaron a los afectados orden de captura.
A esto se agrega, el hecho que los denunciantes fueron expuestos públicamente y no los procesaron lo que evidencia que la Policía les violentó una serie de derechos humanos como el derecho a la honra, a la reputación y a las garantías del debido proceso, pues una persona no es culpable mientras no lo haya dictaminado un juez.
