En el lenguaje de la diplomacia se llama nota verbal aquella que un gobierno dirige a otro, o a alguna institución internacional, sobre un asunto que no requiere otra forma de comunicación más importante. Se le llama nota verbal, porque originalmente era un texto que recogía por escrito una conversación previa de las partes, pero con el tiempo se convirtió en una comunicación diplomática regular.
En algunos casos las notas verbales son de hecho “notas de agresión verbal”. De esa manera las usan gobiernos dictatoriales cuyos titulares y funcionarios principales no se distinguen precisamente por la buena educación ni respetan las normas del lenguaje diplomático. Y tal es el caso de la nota verbal que el régimen dictatorial de Daniel Ortega envió el 11 de febrero corriente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La nota agresiva del régimen orteguista contra el PNUD es una reacción desmesurada e injustificada a las informaciones publicadas por LA PRENSA, acerca de que el país ha perdido por lo menos 60 millones de dólares que estaban destinados a programas de beneficio social pero debieron ser cancelados por culpa de las nuevas políticas gubernamentales, restrictivas de la cooperación externa.
El régimen orteguista incluso forzó el retiro de la representante permanente del PNUD en Nicaragua, Silvia Rouck, y, según se conoce ahora por la nota de agresión verbal, presionó para que la oficina en Managua de esa institución internacional fuera “limpiada” de personas no gratas al gobierno, o sea profesionales bien capacitados y experimentados, pero democráticos.
El régimen orteguista acusa al PNUD de intervenir en la política interna, financiar partidos políticos, tergiversar información sobre el desarrollo nacional, facilitar sus instalaciones para que fuesen “utilizadas como oficinas de un partido político”, y que la antigua coordinadora del programa de la ONU hizo campaña contra el Gobierno entre el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua.
Pero las temerarias acusaciones del régimen orteguista contra el PNUD no son sostenidas con ninguna clase de pruebas y el organismo internacional las ha rechazado de manera enérgica y tajante. En realidad, esas acusaciones son solo burdas mentiras para justificar la ojeriza gubernamental hacia la cooperación externa que apoya programas de empoderamiento social, creación de cultura democrática y fortalecimiento de la sociedad civil.
El régimen orteguista asegura en su nota de agresión verbal contra el PNUD, que “las publicaciones en un diario nacional” (o sea en LA PRENSA, a la cual no menciona por su nombre) “evidencia que la información es transmitida desde las oficinas del PNUD”. Esta es otra absoluta falsedad que, sin embargo, confirma la veracidad de las informaciones publicadas por LA PRENSA sobre la hostilidad del Gobierno contra el PNUD y la pérdida de cuantiosos recursos de cooperación externa para programas sociales.
No cabe ninguna duda de que la grosera actitud del régimen orteguista contra el PNUD es parte de una estrategia totalitaria que se viene aplicando desde hace varios años, para evitar que la cooperación externa llegue a la sociedad civil y fortalezca instituciones democráticas.