El reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya favoreció a Nicaragua reconociendo su soberanía sobre la laguna litoral de Harbour Head y la barrera arenosa que la separa del mar Caribe, (a partir de Punta Castilla hacia el este), barrera que limita el pretendido derecho de Costa Rica sobre las inmediatas aguas de la plataforma continental de Nicaragua. Pero por otra parte, el fallo ignoró y desestimó el severo daño ambiental que resultó de la improvisada construcción de la carretera tica a orillas de nuestro río San Juan.
Esta falla del fallo simplemente la atribuyo a la incompetencia de parte de Nicaragua al no haber esgrimido a nuestro favor la contundente sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, emitida el 2 de julio de 2012, que claramente inculpó a Costa Rica por los severos daños ambientales que la carretera tica ocasionó al río San Juan, al incrementar la sedimentación y turbidez de sus aguas con seria afectación a toda la fauna acuática, por la recarga de sedimentos que además dificultan el derecho consentido a nuestra nación para dragar su única salida hacia la bahía litoral de San Juan de Nicaragua, antes llamada bahía de Greytown.
La equilibrada sentencia emitida de la Corte Centroamericana se basó en importantes documentos que el equipo técnico de la organización Fundenic, SOS, presentó a dicha Corte, (por encargo del mismo gobierno), luego de haber concluido una exhaustiva investigación, palmo a palmo, a lo largo de la ribera sur del río, en su límite con Costa Rica. Los sitios analizados y georreferenciados fueron severamente afectados por la construcción improvisada de la carretera tica, estrechamente apegada a la ribera del río, documentos soportados por investigaciones, mediciones e imágenes contundentes, donde se consignaron, calificaron y cuantificaron como los más graves, los siguientes impactos ambientales:
a) Incremento de la sedimentación y turbidez en las aguas del río San Juan con los suelos removidos por la construcción de la carretera tica, justo a las orillas y a lo largo de su curso, por una longitud de 165 kilómetros.
b) Reducción del hábitat y desaparición de varias especies de la fauna acuática ribereña y destrucción del bosques húmedo tropical a lo largo de la ribera sur del río en su límite fronterizo con Cota Rica.
c) Afectaciones sociales y económicas a los pobladores vecinos al curso del río, incluyendo el incremento de diversos tipos de contrabando y la extracción ilegal de la fauna y la flora de la inmediata Reserva de Biosfera Indio-Maíz, facilitados por la carretera fronteriza abierta y paralela al río.
Ahora resulta que por el fallo de La Haya (y por nuestra propia falla), Nicaragua tiene que indemnizar a Costa Rica por los supuestos “daños” que la reapertura de un caño de 1.5 km de longitud provocó en un humedal, léase pantano estuarino.
Este es un ecosistema acuático ubicado en una diminuta sección del extenso, cálido y lluvioso delta del San Juan, donde la misma naturaleza se ha encargado de regenerar y recuperar rápidamente su anterior condición, quedando por otro lado el gobierno de Costa Rica eximido de pagar a Nicaragua por los graves daños ambientales que con una longitud de 165 km (cien veces más larga que el reclamo tico), le propinó Laura Chinchilla a nuestro río San Juan con su mal planificada e intenciosa carretera.
El autor es presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
