El sábado 19 de diciembre el medio oficialista El 19 Digital informó que “el comandante Daniel orientó el cambio de medida cautelar” a 15 detenidos en el caso de protestas en Chichigalpa y a seis detenidos por el caso de Mina El Limón.
Según el medio, la decisión del presidente inconstitucional Daniel Ortega fue un acto de bondad para que los detenidos pasaran Navidad con sus familiares.
Pero ese aparente acto de bondad en realidad revela el grave peligro que vive el país. Un peligro que LA PRENSA ha venido advirtiendo desde hace años. Desgraciadamente una parte de la sociedad no lo identifica como tal, y algunos hasta lo ven como ventajoso.
El peligro es la concentración de poder en las manos de una sola persona, o en este caso tan peculiar del Gobierno de Nicaragua, en las manos de dos personas, Ortega y su esposa.
Desde 2007 cuando Daniel Ortega regresó al poder empezó un proceso de destrucción de las endebles instituciones democráticas que con dificultad y altibajos habían venido tomando forma y fuerza en el período que él llama “de gobiernos neoliberales”.
Desde 2007 en Nicaragua ha desaparecido la posibilidad de elegir libremente mediante el voto a las autoridades nacionales y locales; ha desaparecido la independencia del poder judicial —que debemos admitir— nunca fue plena; ha desaparecido la independencia de la Asamblea Nacional que no solo tiene como función hacer leyes sino también fiscalizar el actuar de los ministros, directores de entes autónomos y hasta del mismo presidente de la República.
Tampoco existe hoy en día autonomía municipal, ni una Contraloría General de la República que funcione. Ni un Ejército y una Policía que estén sometidos a la Constitución y las Leyes. Están todos sometidos a la pareja presidencial.
Este ejemplo particular del cambio de la medida cautelar de los presos de Chichigalpa y Minal El Limón nos sirve para ver la situación real y general que vive esta sociedad ante el autoritarismo fascista del orteguismo.
Esas personas permanecieron detenidas más de dos meses sin que se les iniciara un juicio. No fueron presentadas ante el juez 48 horas después de haber sido detenidas, y ese fue solo el inicio de las violaciones a sus derechos y al debido proceso.
Como dijo el doctor José Pallais en declaraciones a LA PRENSA el domingo, “hay que entender que (estas personas) estuvieron ilegalmente presas por mucho tiempo y que eso fue también por orden del ejecutivo”.
Al enterarse de la noticia, es lógico que los detenidos reaccionaran con júbilo y palabras de agradecimiento ¿quién querría permanecer un minuto más en las temibles celdas de El Chipote?
“Agradecemos mucho lo que hizo el comandante Daniel Ortega y el Frente Sandinista”, dijo uno de los liberados quien en lugar de estar detenido estuvo prácticamente secuestrado sin que se le iniciara el proceso indicado por la Ley.
Secuestrado. Como secuestrados están todos los sectores de la sociedad nicaragüense, y muchos agradecen al dictador las “bondades” que les dispensa.
