Estado en deuda con víctimas de violaciones a derechos humanos

Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo que el Estado nicaragüense tiene una gran deuda en materia de derechos humanos.
“Hasta hoy no demuestra una verdadera y sincera voluntad política de mejorar su radiografía negativa de respeto a los derechos humanos, más bien se encuentra en deuda con las víctimas de violaciones a sus derechos humanos”, sostuvo.
Leiva tiene fresca en la memoria casos como el de los migrantes cubanos, expulsados del país por fuerzas militares y policiales después de cruzar al territorio nacional, provenientes de Costa Rica, siguiendo la ruta hacia Estados Unidos.
Del caso Solka a la masacre
Le preocupa la falta de respuesta a los daños y perjuicios provocados a los dueños de Laboratorios Solka o el empresario Milton Arcia.
Pero también se refirió a casos dramáticos, como la masacre de Las Jagüitas, ocurrida en julio pasado, en el que una familia fue masacrada por oficiales que participaban en un supuesto operativo antidrogas, los que posteriormente fueron enjuiciados en un proceso calificado como una burla por los expertos, pues se impusieron penas entre 2 y 11 años como máximo a los oficiales al considerar el operativo “una imprudencia”.
Uno de los aspectos más destacados en el análisis del activista de derechos humanos es la represión del Estado nicaragüense contra las diferentes protestas sociales y lo que puede significar la aplicación de la Ley de Seguridad Soberana.