La tensión en la comunidad de Mina El Limón se mantenía anoche debido a la presencia de alrededor de cuatrocientos antimotines, que llegaron desde tempranas horas con palas mecánicas y ambulancias, y tras el anuncio oficial de la Policía Nacional de que restablecerá el orden y la limpieza en las calles del poblado “a petición de la comunidad”.
Anoche la localidad estaba totalmente aislada mientras se cernía “un inminente operativo” de la Policía Nacional, de acuerdo con la advertencia efectuada a través de una nota policial. En la misma la oficial de Relaciones Públicas aducía que la actuación sería en atención al llamado que le hicieron las familias y la comunidad. Anoche los protestantes estimaban que la intervención de las fuerzas especiales de la Policía ocurriría en horas de la madrugada.
“Están rodeados en un completo aislamiento, para el eventual operativo que se cierne sobre la población en cualquier momento”, expresó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, a quien los oficiales del primer retén policial, ubicado a treinta kilómetros de la mina, le impidieron el pase.
“La Mina El Limón está sitiada”, concluyó Carrión, quien explicó que las autoridades mantenían cortados los accesos a poblados como Villanueva, El Sauce, entre otros.
“La gente nos denuncia con suma preocupación que esperan lo peor”, advirtió anoche Carrión, quien confirmó que la población les denunció el amplio despliegue policial.
Anoche mujeres, hombres y jóvenes se mantenían en los tranques y calles de la mina con baldes de agua y limones para contrarrestar los gases lacrimógenos, a la espera del inminente desalojo de parte de los agentes antidisturbios.
Los pobladores, que dicen no haber solicitado la intervención de la Policía, quemaban llantas en distintos puntos de la comunidad, donde continúan las barricadas.
Los agentes antidisturbios llegaron en 25 camionetas. Casi cien de ellos permanecían en la entrada de la comunidad e impedían el ingreso de vehículos a la zona.
TEMPRANO MARCHARON POR LAS CALLES
A eso de las 10:00 a.m. de ayer pobladores y trabajadores de la mina, que opera la empresa canadiense B2Gold, marcharon para exigir la libertad de los cuatro detenidos entre los que se encuentra el líder del sindicato Pedro Roque Blandón, Humberto Rivas Canales, el reintegro de los despedidos, el despido de cuatro directivos de la empresa B2Gold, así como la salida de los antimotines de la zona.
Luis Martínez, uno de los trabajadores despedidos, quien fungía como secretario de la organización del sindicato Pedro Roque Blandón y que tiene orden de captura, manifestó que mantendrán la lucha por el reintegro de los trabajadores que fueron despedidos por la empresa con autorización del Ministerio del Trabajo.
“La marcha se realizó para exigir la liberación de nuestros compañeros y aquí están no solamente los trabajadores, sino todos los pobladores de la comunidad, queremos desmentir que dicen que aquí en la comunidad solamente son unos cinco, no es cierto, es todo un pueblo”, dijo Martínez.
Los pobladores y trabajadores mantienen paralizada la empresa B2Gold desde el pasado 2 de octubre, después del despido de tres trabajadores de la empresa con autorización del Ministerio del Trabajo (Mitrab), quienes eran los principales líderes del sindicato Pedro Roque Blandón.
TEMEN DERRAMAMIENTO DE SANGRE
Pobladores del lugar se comunicaron con LA PRENSA alarmados ante un probable derramamiento de sangre en el lugar.
La zozobra empezó cuando al sitio fueron enviados junto con las patrullas policiales dos palas mecánicas, un carro de Bomberos y varias ambulancias, que presagiaban la intervención de las fuerzas públicas.
Al caer la tarde la institución confirmó la intervención de sus fuerzas.
“La Policía Nacional tiene el deber constitucional de velar por la seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses”, señala la nota policial leída ayer por la comisionada mayor Vilma Rosa González.
La versión policial apunta que en los últimos días en Mina El Limón “el derecho a vivir tranquilos, seguros y trabajando en paz ha sido vulnerado por grupos vandálicos que, a vista y asombro del pueblo nicaragüense, han acosado y sembrado zozobra entre autoridades y pobladores”.
Y sostiene en su nota la Policía que esta situación “ha llevado a la comunidad a demandar que se garantice su derecho a la normalidad”.
“La Policía Nacional atenderá el llamado de las familias y comunidades de Mina El Limón, garantizando que las autoridades correspondientes realicen las necesarias labores de ordenamiento y limpieza de calles, a fin de recuperar en el poblado el ambiente que la ciudadanía necesita para disponerse al trabajo, la educación, los procesos productivos y sociales normales, en general”, apunta la Policía.
Uno de los trabajadores, que se identificó como Juan, indicó que fueron advertidos de que al lugar quienes llegaron fueron las fuerzas del grupo de Los Dantos.
Roberto Novoa, poblador del lugar, a través de una llamada telefónica externó su temor de “que aquí se derrame sangre inocente”, tras asegurar que el pueblo apoya la lucha de los trabajadores, por lo que hizo un llamado al Gobierno a que se respeten los derechos de la población.
Novoa estimó que la intervención policial fue por la marcha realizada este viernes y por el anuncio de los empresarios de que reanudarían las labores en la mina. “El pueblo está dispuesto a lo que sea, Dios quiera que no haya una masacre”, señaló Novoa.
EXPERIMENTAN CON MINA EL LIMÓN, DICE CARRIÓN
Para Gonzalo Carrión, del Cenidh, lo que se vive en Mina El Limón es como una acción anticipada de lo que sufrirá la población de aprobarse la iniciativa de “Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua”.
A criterio de Carrión, el Gobierno estaría experimentando en un ámbito muy local “lo que va a ser la intensificación de la represión con la nueva Ley”.
Asoma como una acción exploratoria de lo que una acción “bárbara, nefasta, de echar en práctica todo el poderío que representaría la nueva Ley que tiene de urgencia la semana que viene”, dijo Carrión.
“Es solo darle un orden jurídico para mantener lo que sería la represión para la gente que protesta; un aumento de la criminalización de la protesta social, a los cuales los van a encasillar como delincuentes contra la soberanía”, sostuvo el defensor de derechos humanos.
OBLIGADOS A CAMINAR
Los pobladores, que llegaban a Mina El Limón y que debieron caminar un poco más de tres kilómetros, expresaron su descontento por la medida de los antimotines que se encuentran en la entrada principal e impiden el ingreso de vehículos.
La pobladora María Lourdes, quien dijo estar enferma de una pierna, fue una de las personas que debió caminar. “No es justo que esto nos esté pasando a nosotros, nos estamos muriendo de hambre, vivimos tensionados y no es justo que estemos viviendo eso”.
