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María Luisa Acosta

Las “ventas” de tierra en los territorios indígenas

El presidente Daniel Ortega, durante el acto del 36 aniversario de la Policía Nacional el 8 de septiembre de 2015, calificó la presencia de colonos mestizos en los territorios indígenas “como una verdadera invasión”, atizada por comerciantes de madera y productores ganaderos, pero de igual modo fustigó y pidió castigo para los propios comunitarios que venden sus territorios a los foráneos.

Sin embargo, el Estado tiene la obligación de aplicar efectivamente la ley en el sentido de garantizar la inalienabilidad de la tierra indígena en la Costa Caribe de Nicaragua consagrada expresamente en la legislación nicaragüense desde 1987; específicamente en la Constitución (Artos. 5, 89 y 180) y en la Ley 28 o Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, y reiterada en la Ley 445 en 2003, tanto en su definición como en la calidad de los títulos entregados por el Estado con base en esta ley. Y como probablemente el legislador anticipó las presiones que existirían sobre las tierras y los líderes indígenas para vender la tierra; al considerar su naturaleza “social” y “dominio colectivo” en pos de la protección de las futuras generaciones y la forma de vida comunitaria indígena, estableció en el derecho de propiedad de los pueblos indígenas la restricción a la inalienabilidad de sus tierras. Por lo que las supuestas ventas realizadas por autoridades indígenas de tierras ancestrales, hoy tituladas por el Estado, se debaten entre la nulidad y la inexistencia desde el punto de vista legal; nulas por contradecir ley expresa que prohíbe su venta; e inexistentes porque la legislación nicaragüense convirtió las tierras indígenas en un objeto ilícito no el comercio.

Cualquier pretensión de traficar con tierras indígenas viola directamente el Arto. 36 de la Ley 28, cuando este expresa que “las tierras comunales son inajenables, no pueden ser vendidas…” y el Arto. 24 de la de la Ley 445, va mas allá al establecer que el Estado no solo “reconoce” sino que también “garantiza” la “inalienabilidad” de las tierras indígenas. La inalienabilidad de las tierras indígenas comprende además la prohibición no solo de venderlas, sino también de donarlas o expropiarlas, ya que la inalienabilidad de las tierras indígenas consiste en que están no deben, bajo ningún concepto, cambiar de dueño.

Junto a la restricción a las asambleas, autoridades y miembros de las comunidades indígenas de vender, o de cualquier otra forma enajenar la tierra indígena, se encuentra la restricción constitucional al Estado, al establecer la obligación de respetar y la de garantizar protección a la tierra comunal indígena, estableciendo el régimen sui géneris que comprende la “inalienabilidad y la imprescriptibilidad” de la tierra indígena. Dejando sin competencia legal a las entidades estatales, para emitir títulos de reforma agraria o cualquier tipo de reconocimiento de la posesión, al declararlas inalienables”; y a los jueces de la República, para otorgar títulos supletorios, al declararlas “imprescriptibles”.

La Ley 445 en su artículo 71, expresamente establece la suspensión de emisión de títulos supletorios y de títulos de reforma agraria en tierras indígenas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 445 en 2003, independientemente de que la Ley 28 ya lo había establecido implícitamente desde 1987.

La autora es Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

COMENTARIOS

  1. Perico de los Palotes
    Hace 7 años

    No solo ha perdido el tren de la historia, sino que lo hace a expensas de su pueblo.Bajo fantasmagóricas acusaciones contra los miskitos,La confusión, que estos últimos años profundizan,no es ingenua, es intencionada,aprieta y se erige bajo el aplaudido monólogo del dueño de turno.Alcanza con saltar y golpear al de al lado,los mas fragilies de nuestra sociedad.No es una anomalía.Se trata de una operación política y discursiva.Subyace en ella algo perverso y totalitario

  2. Ramona
    Hace 7 años

    El negocio de la madera en las zonas prohibidas, es del ALBAORTEGA, por eso nunca se ve un quiebre y el negocio sigue.

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