La ciudadanía de Guatemala prácticamente se ha insurreccionado cívicamente, para obligar al presidente Otto Pérez Molina a renunciar y responder ante la justicia por el gran escándalo de corrupción gubernamental conocido como La Línea —una amplia red de defraudación al fisco guatemalteco—, por lo cual ya renunció la exvicepresidenta Roxana Baldetti y se encuentra encarcelada en espera de juicio.
Podría parecer que no tiene sentido pedir la renuncia del presidente guatemalteco, pues dentro de una semana se realizarán las elecciones generales y el presidente que resulte elegido tomará posesión el 14 de enero del año entrante. O sea que a Pérez Molina le quedan menos de cinco meses de ejercicio presidencial.
Por otro lado hay quienes creen que no sería conveniente cortar abruptamente el mandato constitucional del actual presidente, después de que se ha llegado al consenso de que para mantener la estabilidad política en los países de América Latina y el Caribe, los presidentes elegidos por el voto popular deben terminar sus períodos constitucionales.
Pero esta regla no puede ser absoluta. Si lo fuera no habría mecanismos constitucionales para sustituir y destituir al presidente, cuando así sea necesario, por ejemplo en caso de fallecimiento, de incapacidad para ejercer el cargo y de comisión de delitos en el ejercicio del poder. Y esto último es, al parecer, el caso de Guatemala.
El presidente Pérez Molina ha declarado que no renunciará, que va a terminar su mandato y que se debe respetar el principio básico de la democracia, de que un gobierno solo se debe cambiar por medio de elecciones. Pero el periódico independiente Prensa Libre lo refutó en su editorial del martes 25 de agosto, al precisar que esas expresiones de
Pérez Molina “son válidas en la teoría política y en condiciones de normalidad”, pero esto no es el caso actual de Guatemala. “Ciertamente —puntualizó el diario guatemalteco—, las elecciones constituyen el camino para la democracia, pero la gravedad de los niveles de corrupción existente en todos los políticos trae como consecuencia la actitud de los guatemaltecos que han exigido el aplazamiento de estas, los cambios a la Ley Electoral y la solicitud de la renuncia presidencial” .
De acuerdo con la Constitución de Guatemala, al renunciar el presidente Otto Pérez Molina su período lo terminaría el actual vicepresidente, el jurista Alejandro Maldonado, quien sustituyó a Roxana Baldetti tras su renuncia forzada por el pueblo el 14 de mayo pasado.
Además, la renuncia de Pérez Molina para someterse a la justicia igual que se ha sometido su exvicepresidenta, no necesariamente debería implicar la posposición de las elecciones del 6 de septiembre. Esto es parte de la demanda popular en las calles, porque se considera que ninguno de los candidatos presidenciales tiene las credenciales de honestidad política que es necesaria para garantizar la transparencia gubernamental.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Guatemala, que tiene una gran autoridad moral en el país, precisó que “las elecciones del 6 de septiembre no deben retrasarse, porque hacerlo sería romper el orden constitucional, a pesar de que se harán en medio de la crisis generalizada”.
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