Un tribunal de apelaciones del estado de Texas suspendió ayer la ejecución de Bernardo Tercero, el nicaragüense preso y sentenciado a muerte en Estados Unidos, quien debía ser ejecutado hoy al final de la tarde.
Tercero fue procesado y condenado a la pena capital en el año 2000, conforme a la ley de Texas, por haber asesinado en 1997 a un maestro norteamericano —en presencia de su pequeña hija de tres años—, durante un asalto a mano armada contra una lavandería. Tercero huyó a Nicaragua, donde al año siguiente fue perseguido por las autoridades por el secuestro de un taxista y su hijo de tres años de edad. Después volvió clandestinamente a EE. UU., donde al poco tiempo fue sentenciado a muerte.
Defensores de los derechos humanos y abolicionistas de la pena de muerte desplegaron una intensa actividad, en Managua y Estados Unidos, para salvar la vida del reo nicaragüense condenado a la pena capital. Altos representantes de la Iglesia católica de Nicaragua pidieron clemencia a las autoridades estadounidenses. Inclusive Daniel Ortega, solicitó al presidente Barack Obama que intercediera por la vida de Bernardo Tercero, y el embajador orteguista en la OEA, Denis Moncada, aseguró que a ellos les resultaba “patético estar a las puertas de la ejecución de un ciudadano nicaragüense”.
En el mundo actual, incluyendo a Nicaragua, todavía algunas personas opinan que es justo y necesario aplicar la pena capital a quienes cometen crímenes de extrema gravedad, como asesinatos atroces, parricidios y violaciones sexuales a niños. Pero en general la pena de muerte está desacreditada, ha sido abolida en muchos países y es rechazada por la mayor parte de la gente, ya sea por convicciones religiosas y humanitarias o por simple sentido práctico, considerando que no impide y ni siquiera reduce la criminalidad atroz.
De acuerdo con el moderno derecho humanitario, la pena de muerte no es considerada como un acto de justicia, sino como una forma de castigo desmedida e innecesaria. Inclusive, según Amnistía Internacional es una cruel modalidad de tortura.
No obstante, en algunos países dominados por regímenes autoritarios, aunque la pena de muerte ha sido abolida legalmente se sigue practicando de hecho mediante ejecuciones extrajudiciales de determinados delincuentes, particularmente de cabecillas y miembros de grupos alzados en armas por motivos políticos. Esto ha ocurrido en los últimos años en Nicaragua, según denuncias de organismos de derechos humanos.
En realidad, lo patético de la sentencia de muerte no es la ejecución de alguien que cometió un crimen atroz y fue condenado judicialmente de conformidad con la legislación vigente de un Estado, en la cual se incluye la pena capital. Lo patético es que sea practicada mediante ejecuciones extrajudiciales y clandestinas.
En el caso de Bernardo Tercero, a nuestro juicio se le debería conmutar la pena de muerte por la de un largo período en prisión. No para dejar en la impunidad el crimen que cometió y por el cual fue condenado judicialmente, según las leyes de Texas, sino por razones humanitarias, porque nadie y por ninguna razón debe tener derecho de suprimir la vida humana.
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