De acuerdo con el principio jurídico universal de la presunción de inocencia, el dirigente deportivo nicaragüense Julio Rocha no debe ser considerado culpable mientras no sea juzgado y condenado como tal por un tribunal competente. La presunción de inocencia es un pedestal del ordenamiento legal en el Estado democrático. Significa que a un acusado solo se le puede establecer responsabilidad penal después de que su culpabilidad haya sido demostrada y ratificada mediante sentencia judicial definitiva.
Pero no en todas partes se respeta este principio fundamental. Donde no hay una verdadera democracia la regla que rige, de hecho, es la presunción de culpabilidad, sobre todo si los delitos que se imputan a las personas tienen alguna relación con la política.
Julio Rocha, como es bien conocido, fue detenido en Zurich, Suiza, el 27 de mayo pasado, por petición de autoridades judiciales de Estados Unidos, junto a otros seis funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Rocha y los demás detenidos son acusados de haber cometido delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones en la FIFA. En el momento de su detención en Suiza, Rocha era director de la Oficina de Desarrollo para países de habla hispana de la Confederación de Futbol de América del Norte, de América Central y del Caribe (Concacaf), una de las ramas regionales de la organización futbolística mundial.
Como procede en estos casos, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó a las autoridades suizas la extradición de los detenidos, incluyendo a Julio Rocha, para que sean juzgados en territorio estadounidense donde los acusados habrían cometido los delitos que se les imputan. Estados Unidos solicitó la extradición de Rocha en el mes de julio pasado, sin embargo, el jueves 13 de agosto corriente el Gobierno de Nicaragua también pidió a Suiza la extradición del detenido, alegando que fue en territorio nicaragüense que cometió los delitos que han motivado su detención. De conformidad con la legislación de Suiza, las autoridades de este país europeo respondieron que no tienen inconveniente en extraditar a Rocha hacia Nicaragua, siempre y cuando las autoridades de los Estados Unidos no se opongan, porque este país fue el primero en solicitar la extradición del acusado nicaragüense.
Es obvio que el interés del régimen orteguista es proteger a Rocha, evitar que sea juzgado en Estados Unidos. Pero la supuesta acusación que se ha improvisado contra él en Nicaragua carece de credibilidad, simplemente porque aquí la justicia no es independiente.
Se conoce públicamente que algunos hermanos de Julio Rocha forman parte de la cúpula de la Policía y son allegados a la alta dirigencia del partido gobernante. De manera que lo menos que se puede pensar es que acusarlo aquí y pedir su extradición es una maniobra para evitar que sea debidamente juzgado. Como dijo a LA PRENSA el ex Procurador General de Justicia de Nicaragua, Alberto Novoa, “esto parece más bien un guión montado”.
Julio Rocha seguirá siendo inocente mientras la justicia no lo declare culpable o lo exonere de los delitos que se le han imputado. Pero una justicia verdadera, no la mala caricatura de ella que hay en Nicaragua.
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