Cien días por la vida de las mujeres, ni una menos, es la jornada iniciada por diversas organizaciones de mujeres que incluye plantones frente a la Corte Suprema de Justicia, entre otras. Reyna Rodríguez, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, en nombre de las agrupaciones de mujeres condenó la violencia institucionalizada ocurrida el 8 de julio cerca del Consejo Supremo Electoral (CSE), pues recordó que en esa protesta también participaban mujeres.
Ana Evelyn Orozco, de la Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto en América Latina, leyó un documento a través del cual condenan a su vez “la creciente ola de femicidios” que ocurre en el país. En el mismo recuerdan que el Observatorio de las organizaciones de mujeres registran 34 femicidios en Nicaragua y otras tres en el exterior.
Según estos registros, en el sesenta por ciento de los casos, los agresores tenían vínculo familiar con las víctimas.
“A esto le agregan las organizaciones de mujeres que en los primeros seis meses del año han ocurrido 26 femicidios frustrados”.
“La saña continúa manifestándose, por ejemplo, uno de los agresores intentó quemar a la mujer”, dice el movimiento de mujeres en su posicionamiento.
En el mismo señalan también que “el Estado ejerce violencia cuando cambia la razón de ser de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres (779) y manda a intervenir ilegalmente a los Consejos de Familia en la vida de las mujeres o cuando distorsiona el rol de las Comisarías de la Mujer y deriva las denuncias a Auxilio Judicial”.
“No podemos quedarnos calladas. El Estado y las instituciones que atienden la ruta de acceso a la justicia son responsables de esta violencia extrema. No deben continuar silenciando estas atrocidades contra las mujeres, no deben continuar ocultando las cifras y aplicando el principio de oportunidad a los femicidas agresores, dejándoles en libertad o reduciéndoles la pena”, demandan las organizaciones.
Protegen a violadores
Ana Quirós, de Cisas, manifestó que en muchos de los casos lo que se busca es que agresores y violadores de mujeres salgan libres “sin ninguna pena, sin ningún castigo”.
Mencionó el caso denunciado por una detenida que fue violada en el Distrito Cuatro de la Policía, en el que denunció a un funcionario policial y en el que la jefatura policial determinó darle cierre administrativo.
Con esto, dijo Quirós, lo que hacen es estimular a que “sigan campantemente haciendo de las suyas, que sigan violentando los derechos de todas las mujeres. Y el cuerpo policial cierra filas para proteger a estos violadores”.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
