A 11 días de cumplirse un aniversario de perpetrada la masacre en contra de dos caravanas de simpatizantes orteguistas, se cerró el telón de lo que pareció ser una macabra obra teatral.
Pese a las contradicciones en las investigaciones señaladas desde un inicio, el juez de la causa impuso la pena máxima de treinta años a ocho de los sentenciados, porque la Ley así lo establece, pero la suma de años impuestos a varios de ellos alcanzó entre 113 y 133 años. Solo a uno le impuso diez años, y dos años a los tres simpatizantes del partido gobernante llamados “los tirapiedras”.
Las víctimas mortales de esa masacre fueron: Devilma Argentina Benavídez Gómez, Esther Ligia Vásquez Barrera, Yader Francisco Sáenz Potoy, Germán Adrián Martínez Hernández y Yelsin Isaía Talavera Galeano, así como otros 19 lesionados.
De esta manera, el juez Noveno de Distrito de lo Penal de Juicio, Edgard Altamirano, se tomó nueve meses después del juicio, para determinar que como coautores intelectuales del delito de asesinato, lesiones graves y crimen organizado el juez Altamirano sentenció a 133 años a Walter Balmaceda Ruiz, Leonel Antonio Poveda, Ricardo José Cortez Dávila y Zacarías Cano Angulo.
En tanto, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo y Jairo Alberto Obando Delgadillo fueron declarados culpables como coautores directos de los delitos de asesinato, lesiones graves, crimen organizado y tenencia ilegal de armas, sumando 113 años y 50 días multa.
Mientras que Rosendo Antonio Huerta, sentenciado como coautor directo de asesinato en perjuicio de Yelsin Isaí Talavera Galeano, lesiones graves, crimen organizado y uso de armas restringidas, tuvo una suma de 37 años, pero igual fue sentenciado a treinta años de prisión. Todos estos cumplirán penas hasta 2044 en diferentes fechas, a excepción de José Oliver Meza Raudez, cuya pena es de diez años por encubrimiento.
Los llamados “tirapiedras” que resultaron ser simpatizantes del FSLN, los hermanos Juan José y Gregorio Tórrez Espinoza, junto con Erick Antonio Salgado, deberán guardar prisión hasta el 24 de julio 2016.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que esta sentencia tiene “un mensaje intimidatorio” para la población.
En su informe anual dado a conocer en mayo pasado, el Cenidh consideró que la investigación policial y la labor de los operadores judiciales sobre la matanza dejó más dudas que respuestas.
Núñez recordó que en este caso hubo contradicciones en cuanto al tiempo, por ejemplo, unos hechos ocurrieron en otros lugares “y ellos (los investigadores) los hacen aparecer como uno solo; les dieron clase de teatro o de cine para que actuaran”, señaló Núñez.
Recordó que desde un inicio se conoció que los llamados “tirapiedras” eran activistas y beneficiarios de proyectos del Gobierno. “Fue un caso que dejó al descubierto la instrumentalización de que es objeto el poder judicial en este país”, sostuvo Núñez.
Apelarán la sentencia, dicen abogados
El abogado Carlos Baltodano criticó el hecho de que los sentenciados fueron trasladados a las celdas de la Galería 300, cárcel de Máxima Seguridad, cuando los abogados aún no han sido notificados por el judicial de dónde será el cumplimiento de la pena.
Esto demuestra, dijo Baltodano, de “como vivimos en un estado policiaco”.
El abogado Marlon Aburto explicó que únicamente recibieron la notificación a eso de las 12:00 del día de ayer, en relación con las penas, no así el documento de la sentencia, que les prometieron entregar hoy.
Abogados y familiares de varios de los sentenciados anunciaron que apelarán la sentencia. Según Aburto, de acuerdo con la ley, tienen seis días para apelar en este caso, lo que indica que el período vence el miércoles 15.
Violación a la ley
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, indicó que esta notificación es violatoria a los derechos de los presos pues según el Código Procesal Penal (CPP) esto debió hacerse tres días después del juicio y en este caso transcurrieron nueve meses. “Esto significa que (el juez) violó derechos procesales de los imputados, porque recuerde que ellos pueden ir de apelación, donde pueden salir”, dijo Cuevas.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,4 A
