De acuerdo con las informaciones oficiales, la Policía de Nicaragua es absolutamente eficiente en cuanto a capacidad para prevenir, disuadir y perseguir la actividad criminal.
El eslogan de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de las Américas es usado como una especie de marca nacional oficialista para atraer más inversiones y turistas extranjeros.
De acuerdo con ese panorama pintado por el oficialismo, la Policía de Nicaragua no necesita capacitación extranjera en técnicas policiales para la detección y persecución de la actividad criminal. Inclusive, si la propaganda oficial fuese cierta, Nicaragua podría o debería brindar asesoramiento policial a otros países.
Lo que no dice esta propaganda es que también en la represión de las protesta cívicas de los ciudadanos, la Policía es muy eficaz; las reprime con asombrosa rapidez y efectividad, algunas veces atacando directamente a los manifestantes (como en el caso de El Tule, el 24 de diciembre del año pasado, cuando la Policía vapuleó sin misericordia a los campesinos que protestaban contra el Canal) o permitiendo que matones partidarios del Gobierno agredan y roben a las personas que protestan públicamente, como ocurrió el 22 de junio de 2013 a los jóvenes que manifestaban su solidaridad con los ancianos que pedían una pensión reducida del Seguro Social.
Pero así como el Gobierno divulga cifras acerca de la supuesta eficiencia de su cuerpo policial en la lucha contra el crimen organizado o común, los organismos defensores de los derechos humanos también dan a conocer públicamente, basados en denuncias y testimonios de las víctimas, que la entidad estatal que más viola los derechos humanos es la Policía Nacional.
De manera que es precisamente en el campo de la obligación de respetar los derechos humanos, que la fuerza policial nicaragüense necesita ser capacitada, enseñarle que debe tener voluntad de cumplir su propia Ley, la 872, la cual, en su artículo 5 establece que su primer principio fundamental es el patriotismo, y el segundo, el respeto a los derechos humanos. Lo cual no solo hay que proclamarlo sino también cumplirlo.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) opinó recientemente, en relación con una declaración del canciller de Rusia de que su país brinda o brindará capacitación policial a Nicaragua, que esto más bien viene “a fortalecer las características represivas que tiene actualmente la Policía (Nacional)”.
En efecto, según datos de los organismos de derechos humanos de Rusia y de Human Right Watch, aparte de la corrupción extendida en la policía rusa, entre 50 y 80 por ciento de los detenidos por cualquier sospecha son golpeados y torturados para arrancarles una confesión. Apenas el 5 por ciento de los ciudadanos rusos encuestados confía en la Policía. El 72 por ciento tiene miedo a la fuerza policial porque piensa que realiza acciones ilegales contra personas inocentes. Y más del 40 por ciento de todos los habitantes de Rusia y hasta el 56 por ciento en Moscú, dicen que sienten más temor a la Policía que al crimen organizado.
De manera que tiene razón la presidenta del Cenidh, la capacitación rusa solo sirve o serviría para empeorar el carácter represivo de la Policía orteguista de Nicaragua.
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