En el editorial del viernes de la semana pasada, titulado El asocio público privado, expresamos nuestra opinión acerca de que para los empresarios resulta relativamente fácil negociar con el Gobierno los temas económicos que interesan al gremio empresarial y al país. Sin embargo, para la oposición es prácticamente imposible negociar con el régimen orteguista los asuntos de la problemática política nacional.
Los temas de la economía, como la sanidad macroeconómica, la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el aumento de las exportaciones, la estabilidad de las relaciones obrero-patronales, etc., son de interés de los empresarios y del Gobierno y por tanto pueden alcanzar y de hecho alcanzan acuerdos de interés y beneficio común.
Pero lo que se refiere a la problemática política es muy diferente, porque en este campo los objetivos de la oposición son contrarios a los de Daniel Ortega.
Su objetivo (de Ortega) es mantenerse en el poder por tiempo indefinido y heredarlo a alguien de su familia o de su mismo partido, el FSLN. Así lo dejó dicho y grabado con brutal franqueza totalitaria, antes de su fallecimiento, el patriarca de los comandantes sandinistas Tomás Borge Martínez. Por eso es que Daniel Ortega ha concentrado en sus manos todos los poderes del Estado y del Gobierno. Por la misma razón convirtió el Consejo Supremo Electoral (CSE) en una maquinaria de hacer fraudes. Y con ese fin ha sometido la administración de justicia a sus intereses y ha vuelto a politizar y partidarizar las fuerzas armadas, militares y policiales, para solo mencionar algunas de sus obras de demolición democrática.
En cuanto a las aspiraciones de la oposición, estas representan todo lo contrario a los objetivos del orteguismo. La oposición quiere y demanda elecciones libres y limpias; prohibición de la reelección presidencial; recuperación de la institucionalidad democrática; funcionamiento del Estado de Derecho y garantía de los derechos civiles y humanos; seguridad jurídica para que la economía funcione limpiamente y los empresarios no tengan que negociar en cada caso lo que por derecho les corresponde; que los beneficios de los programas sociales cubran a todos los nicaragüenses, no solo a los partidarios del Gobierno, etc. Todos estos objetivos de la oposición son incompatibles con los intereses de Daniel Ortega.
De manera que no es que el diálogo y la negociación política con el Gobierno sean imposibles o que se deban rechazar por principios. Es que para que la negociación política sea útil, honrosa y legítima, Ortega tendría que estar dispuesto a renunciar a su proyecto político particular y a jugarse el poder en elecciones libres y limpias. Y eso solo sería posible si experimentara una conversión milagrosa o afrontara una aguda crisis de gobierno que lo obligara a dialogar y hacer concesiones.
Esto ya ocurrió en el pasado. En agosto de 1989, la Unión Nacional Opositora (UNO) negoció con Ortega y consiguió las garantías mínimas indispensables para la participación en las elecciones del 25 de febrero de 1990, entre ellas la incorporación de tres representantes de la oposición en el Consejo Supremo Electoral.
Pero el Gobierno de Ortega estaba en crisis en aquella época, lo cual no ocurre —todavía— en la actualidad.
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