Los diputados nicaragüenses que integran el Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Costa Rica plantearán a sus colegas costarricenses contribuir para que ambos países acaten la sentencia que dicte la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el conflicto territorial que mantienen en La Haya.
Así lo anunció hoy el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el sandinista Jacinto Suárez, luego de ser elegido para estar al frente del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Costa Rica.
«Qué podemos hacer nosotros como grupos?, contribuir a que esa sentencia sea acatada de la mejor manera por ambas partes», señaló Suárez, también secretario de relaciones internacionales del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El legislador agregó que ambos grupos pueden sugerir en sus países que el fallo de la CIJ sea asumido sin críticas, y «que todo mundo diga, eso decidió La Haya, está bien decidido».
La CIJ tramita desde 2010 una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por una supuesta invasión a su territorio en Isla Calero o Isla Portillos, según San José, y Harbod Head, según Managua, en el marco de las obras de dragado del río San Juan, de soberanía nicaragüense.
Costa Rica acusó a Nicaragua de construir canales en territorio costarricense para unir el río con el mar Caribe, y además de causar destrozos a un humedal protegido por convenios internacionales.
En 2011 Nicaragua demandó a Costa Rica ante la CIJ por supuestos daños ambientales al río San Juan provocados durante la construcción de un camino de lastre de 160 kilómetros paralelo al afluente.
Actualmente, dado que ambos países tienen acusaciones mutuas en La Haya, la CIJ decidió tramitar ambas en un solo expediente.
La CIJ, que podría emitir una sentencia durante este año, ya ordenó como medidas cautelares mantener despejada la zona en disputa, y ha recomendado a ambos países abstenerse de agravar la situación que origina las disputas.
El alto tribunal internacional también tramita otro caso sobre la controversia relativa a la delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, desde que Costa Rica interpuso una demanda contra Nicaragua en febrero de 2014.
