El gobierno venezolano llamó este lunes 9 de marzo a consultas de inmediato al encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz, anunció la canciller Delcy Rodríguez.Rodriguez en un mensaje de su cuenta de Twitter que Caracas llamó a «consulta de inmediato» a Arveláiz, quien es el funcionario diplomático de mayor rango que tiene el gobierno venezolano en Washington. Los dos países están sin embajador desde el 2010.
El llamado a consulta de Arveláiz se da pocas horas después que el presidente estadounidense Barack Obama ordenó congelar bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Los funcionarios sancionados son:
Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.
La Casa Blanca señala que la GNB es una entidad cuyos miembros se han involucrado en actos significativos de violencia o conductas que «constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos» y, en particular, menciona las «violencia física severa» que emplearon en las protestas antigubernamentales de febrero de 2014.
Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), al que Estados Unidos acusa de haber participado de forma directa o indirecta en actos represivos que constituyen un «abuso serio» o violación de los derechos humanos.
La Casa Blanca señala que, bajo su dirección, el SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales.
Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad estatal, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entidad a la que Estados Unidos acusa de cometer abusos durante las protestas del pasado año.
Katherine Nayarith Haringhton Padron: Fiscal de nivel nacional de la 20 oficina de distrito del ministro público de Venezuela.
La fiscal ha acusado a varios miembros de la oposición, incluida la exlegisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, del delito de conspiración para dar un golpe de Estado basándose en «correos electrónicos fraudulentos».
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, cuyos efectivos utilizaron «fuerza física severa» y dispararon munición real contra los manifestantes que participaron en las protestas el pasado año contra el Gobierno de Nicolás Maduro, actos que, según Estados Unidos, «constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos».
Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, del que estaba al mando cuando el 12 de febrero de 2014 miembros de este cuerpo dispararon contra los manifestantes en las protestas y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y excomandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.
Está acusado de ser responsable o cómplice de participar directa o indirectamente en actos de violencia que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos los ocurridos contra los manifestantes de las marchas de 2014.
Más temprano, la canciller se abstuvo de dar comentarios sobre los anuncios hechos por Obama y solo señaló a la prensa que pronto se daría a conocer la respuesta de Venezuela.
Al ser preguntada en exclusiva por la AP en que situación quedan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en este momento, Rodriguez dijo que «nosotros insistiremos en relaciones de respeto y de igualdad soberana entre los países».
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello condenó las sanciones de Washington y planteó que Venezuela debe declarar la «emergencia nacional».
«Van a tener que sancionar a mucha gente señor Obama. Usted y su imperialismo va a tener que sancionar a muchísimos venezolanos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender la revolución bolivariana y seguir adelante con el proyecto del Comandante Hugo Chávez», afirmó.
Cabello indicó durante un acto político en el estado central de Lara, que fue difundido por la televisora estatal, que «no hay chantajes, no hay fórmulas que ustedes crean que nos van aplicar a nosotros y nos van a amedrentar», y dijo, dirigiéndose al gobierno estadounidense, que «si ustedes quieren tener un títere aquí; que venga ese títere y gané unas elecciones porque mientras el pueblo de Chávez decida ser libre aquí más nunca volverán los títeres a ponerse de rodillas ante el imperialismo norteamericano. Más nunca ocurrirá eso».
El congresista expresó su solidaridad con los funcionarios sancionados.
En las últimas semanas han surgido nuevas fricciones entre Washington y Caracas tras las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que desde Estados Unidos se estaría conspirando contra el gobierno venezolano, señalamientos que han sido rechazados reiteradamente por voceros del Departamento de Estado.
A inicios de febrero el Departamento de Estado suspendió las visas a 32 funcionarios venezolanos, entre ellos siete acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que dejaron 43 muertos el año pasado en el país sudamericano y otros nueve señalados de incurrir en actos de corrupción.
Washington anunció la medida poco después de que Maduro acusó al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo.
Los 32 sancionados se suman a los 24 funcionarios venezolanos a los que Estados Unidos suspendió la visa en julio pasado.
