La degeneración, explica el diccionario de la RAE, ocurre cuando alguien o algo desdice de sí mismo, declina sus atributos, deja de corresponder a su calidad y su valor original.
Esto es lo que ha ocurrido al ordenamiento constitucional de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, debido a las reformas o contrarreformas a la Constitución que fueron aprobadas el 10 de febrero de 2014, hoy hace un año. Por eso el Grupo Projusticia —una asociación de juristas que promueve el estudio, la promoción y la defensa de los derechos y garantías constitucionales—, ha elaborado y dado a conocer un estudio de esas reformas constitucionales y sus consecuencias, considerando que “es preciso hacer un análisis que abarque más allá del ámbito jurídico, pues dado su contenido y las materias que regula, debe ser abordado desde diferentes perspectivas, desde el ámbito político, socioeconómico, social y jurídico”.
“El país adolece de graves problemas de gobernabilidad fruto de las reformas constitucionales que respondieron, más que a beneficiar a la sociedad nicaragüense o la búsqueda del bien común, a beneficiar intereses particulares de un partido y familia ampliando la condición de un nepotismo en el Estado, sin importar el mérito dando solo primacía a la condición familiar”, señala Projusticia.
Este problema es recurrente. A lo largo de la historia nacional ha habido una marcada afición al reformismo constitucional con fines políticos perversos. Se conoce que en Nicaragua han habido 15 constituciones (dos de ellas non natas) y 14 reformas constitucionales, casi todas —las nuevas constituciones y las reformas— para consolidar el poder de caudillos autoritarios, limitar la competencia política y facilitar la reelección y el continuismo.
Se conoce también que la mitad de todas las reformas constitucionales han sido a la actual Constitución que fue promulgada en enero de 1987 por el régimen dictatorial del Frente Sandinista. Pero solo dos de estas reformas, a lo sumo, han sido realmente meritorias, ya que se aprobaron para abrir el camino hacia la democratización del país y del Estado, impulsar la creación y el desarrollo de la institucionalidad democrática republicana y garantizar los derechos y garantías de los nicaragüenses.
Tal fue el caso de las reformas constitucionales que adelantaron a febrero de 1990 las elecciones que debían celebrarse en noviembre de ese año, así como para anticipar la toma de posesión de las autoridades democráticas que fueron electas en esos comicios. Pero sobre todo hay que destacar las reformas constitucionales de 1995, las cuales se hicieron expresamente para democratizar la Constitución de 1987 que fue diseñada para un gobierno de régimen presidencialista autoritario.
Lamentablemente los avances constitucionales democráticos que se lograron con las reformas de 1995, fueron desvirtuados por la enmienda aprobada a principios del año 2000, con la cual se elevó a rango constitucional el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega para restaurar el bipartidismo de tipo somocista y repartirse el poder.
Y lo peor fue que de esa manera se abrió camino a la reforma de la Constitución del 10 de febrero del año pasado, con la que “se pretende llegar a la completa anulación de la vida democrática”, como muy bien lo advierte Projusticia al cumplirse un año de aquella reforma que ha provocado una degeneración constitucional.
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