Las elecciones libres y transparentes que reclaman prácticamente todos los sectores de la sociedad nicaragüense, inclusive los obispos, excepto el orteguismo, no necesariamente tienen que ser para desalojar del Gobierno a Daniel Ortega, su familia y su partido político.
Sacar a Ortega del poder por medio de elecciones es una aspiración legítima y comprensible de los partidos de oposición que son realmente opositores, de todos los movimientos sociales y de las personas que no están conformes con el actual sistema de gobierno. Pero en sí mismas y por principio democrático fundamental, las elecciones libres y limpias son para que los ciudadanos puedan elegir al partido y las personas que quieran, para que los votos sean contados y asignados honestamente por los jueces electorales, para que se respete la voluntad popular, para que no se siga haciendo lo que se hizo en las últimas cuatro elecciones (una regional, dos municipales y una nacional), que fueron manipuladas y falsificadas por el Consejo Supremo Electoral para darle un aparente triunfo arrollador a Daniel Ortega y su partido Frente Sandinista.
Si los ciudadanos votan de verdad mayoritariamente por Daniel Ortega y el Frente Sandinista, en elecciones justas y transparentes, con observación electoral independiente nacional y extranjera, y si los votos son contados y asignados con honestidad, esa voluntad soberana de la mayoría de la población tiene que ser respetada por todos los demás. Como de hecho ocurrió en las elecciones de noviembre de 2006, que fueron ganadas por Ortega y el partido sandinista gracias al pacto con Arnoldo Alemán y a la división del voto liberal.
Por eso es que una de las principales demandas de todos los sectores democráticos (políticos, sociales y gremiales), es que se hagan cambios sustantivos en el poder electoral, que este sea integrado por personas de reconocida honorabilidad a fin de que las elecciones de 2016 puedan ser creíbles y todos los partidos políticos que quieran participar en ellas lo hagan con la confianza que es indispensable en estos casos.
Eso fue lo que ocurrió en 1989, cuando el Gobierno sandinista aceptó que se integraran en el Consejo Supremo Electoral dos miembros propietarios y un suplente en representación de los partidos de la oposición. Además, el hecho de que en el poder electoral hubiera miembros del Frente Sandinista que eran personas honorables, como el caso del doctor Mariano Fiallos Oyanguren (q.e.p.d.), quien fungía como presidente del Consejo Supremo Electoral, garantizó que en términos generales las elecciones del 25 de febrero de 1990 fueran básicamente libres y limpias.
Eso permitió poner fin a la guerra civil y que Nicaragua se abriera a un proceso de transición hacia la democracia republicana, con separación e independencia de poderes, Estado de derecho, profesionalización de las fuerzas armadas militares y policiales, prensa libre, libertad de organización y movilización política, etc.
Si Daniel Ortega y el Frente Sandinista están convencidos, como dicen, de que tienen el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses, no deberían sentir temor a rifar el poder político en elecciones justas y transparentes. Y si es otra la razón para no permitir la celebración de elecciones libres y limpias, deberían decirlo con claridad para que los nicaragüenses y la comunidad internacional puedan saber a qué atenerse.
