A través de una carta dirigida al delegado de la Presidencia de la República en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), Johnny Hodgson, del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K) busca que el Gobierno escuche su demanda de que se realice una consulta libre, previa e informada sobre el proyecto del Gran Canal, que partiría su territorio en dos.
Todo comenzó en diciembre de 2014, cuando el GTR-K realizó un proceso de consulta con las nueve comunidades que conforman el territorio, y con base en eso elaboraron unos lineamientos que establecen cómo los indígenas quieren ser consultados.
No obstante, según explicó Santiago Thomas, miembro del GTR-K, “el Gobierno hizo reforma a la propuesta que les hicimos y visitó comunidades con la consulta que ellos reformaron, pero los únicos que pueden hacer y deshacer esa consulta es la misma Asamblea”.
Incluso, según contó Allen Clair Duncan, otro miembro del GTR-K, “de una forma manipuladora lograron convencer a algunos de los líderes para que fueran con ellos, pero quienes tienen la última palabra son las comunidades”.
La carta entregada a Hodgson plantea precisamente que las reformas hechas por el Gobierno a los lineamientos planteados por el GTR-K son “insuficientes”.
Además de una consulta libre, previa e informada con la participación de un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las comunidades exigen que se reforme la Ley 840 y se cambie el artículo 12, que aborda el tema de la propiedad.
52 % de la ruta del Gran Canal Interoceánico se desarrollaría en territorios indígenas Rama y afrodescendientes Kriol. El GTR-K está conformado por nueve comunidades, seis ramas y tres kriol.
Sobre este aspecto, el GTR-K menciona que como contrapropuesta del Gobierno lo único que recibieron fue una carta del procurador general de la República, Hernán Estrada, “que contradice la Constitución en el sentido que solamente la Asamblea Nacional puede reformar las leyes y en este caso específico la Ley 840”.
El tercer y último punto, planteado por el GTR-K, es que el tiempo que establece la contrapropuesta del Gobierno para desarrollar la consulta es “demasiado corto”.
Según Thomas, “el GTR-K en sí, la Asamblea territorial esperan y estamos con los brazos abiertos para encontrar una solución, nosotros no estamos opuestos a un desarrollo, pero queremos que haya un consenso entre las partes y ser tomados en cuenta”.
A finales del año pasado, el GTR-K presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para la aplicación de medidas cautelares, para frenar la continuación del proyecto del Gran Canal, mientras no se haya realizado la consulta a sus comunidades.
De construirse el Gran Canal existe la posibilidad que la lengua rama se pierda. Punta Águila, sitio donde está asentada la comunidad Bankukun Taik, la única rama parlante en el mundo, según lo presentado por HKND Group el pasado 7 de julio, será el lugar donde se construirá un puerto de aguas profundas para el Canal.
De hecho, Bankukun Taik en español significa punta de águila, nombre que tendría el puerto. A finales de octubre, la página de internet Avaaz, que funciona para recolectar firmas en línea y apoyar peticiones, promovió una donde se solicitaba “no destruir” la comunidad indígena, porque de construirse el Canal, “se extinguiría una lengua y una cultura, únicas en el mundo”.
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