Gracias a la transparencia de la cancillería de Costa Rica fue posible conocer la composición de la delegación oficial que acompañó a Daniel Ortega en la III Cumbre de la Celac, en Costa Rica, evento que fue deslucido por el comportamiento anormal del gobernante nicaragüense.
El problema no fue que Ortega cediera el uso de la palabra a un político puertorriqueño, para que hablara a favor de la lucha independentista de su partido. En realidad, no está prohibido que en un foro internacional un gobernante permita que alguien de otro país ocupe su asiento para promover una demanda política. Además, la lucha por la independencia de Puerto Rico es una causa legítima, a pesar de que la aplastante mayoría de la población puertorriqueña no la apoya y más bien quiere seguir siendo Estado Libre Asociado de los EE.UU., o convertirse en un estado más de la Unión Americana, como la Florida, Texas o Arizona.
El abuso político de Daniel Ortega y su flagrante violación al ordenamiento constitucional y legal nicaragüense, es haber nombrado a un extranjero como jefe de delegación de Nicaragua en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Así como otorgarle un cargo oficial de delicada responsabilidad a ese mismo extranjero, quien no ha pasado por el debido proceso de nacionalización. Y para rematar, otorgar prominentes cargos de gobierno a su mujer y algunos de sus hijos, una anacrónica aberración nepótica que ya no practican ni siquiera los pocos reyes que quedan en el mundo, los que ahora ejercen su diluida monarquía en el marco de estrictas limitaciones constitucionales.
El comportamiento de Daniel Ortega durante y después de la III Cumbre de la Celac ha sido un flagrante abuso de poder que, como claramente han hecho ver destacados juristas constitucionalistas, si en Nicaragua hubiese Estado de Derecho sería causa de acusación y juicio político en el poder legislativo, para destituir al infractor de acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional.
Lamentablemente eso no se puede hacer en Nicaragua, porque todos los poderes, organismos y funcionarios del Estado están sometidos a Daniel Ortega, quien gobierna de una manera absolutista y avasalladora como nunca antes había ocurrido en Nicaragua, ni siquiera en los tiempos más crudos de la dictadura dinástica somocista.
De manera que el nuevo abuso de poder de Ortega quedará impune y lo más probable es que el penoso espectáculo que protagonizó la semana pasada en la Celac, arruinándole la fiesta al presidente de Costa Rica, lo repetirá en la VII Cumbre de las Américas que se reunirá durante el 10 y el 11 de abril próximo en Panamá. Y lo hará con mayor razón para él, porque en la Cumbre de Panamá estará presente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Entre las últimas actuaciones arbitrarias de Daniel Ortega está el nombramiento del puertorriqueño Rubén Berríos, presidente del Partido Independendista de Puerto Rico, como “asesor presidencial para política internacional en materia de descolonización”. Es fácil deducir de este nombramiento ilegal que Berríos formará parte de la delegación de Nicaragua en la Cumbre de las Américas de Panamá, y que Ortega lo pondrá a hablar para confrontar a Estados Unidos y al presidente Obama. O sea para boicotear ese foro hemisférico que los gobernantes del Alba vienen tratando de liquidar desde noviembre de 2005, cuando sabotearon la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina.
