Lo que comenzó como un rifirrafe de Daniel Ortega con el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, en la Cumbre de la Celac en Costa Rica, terminó como un sabotaje a esa reunión de gobernantes de América Latina y el Caribe.
Para comenzar Ortega dijo que estaba allí hablando como Nicaragua, como Estado y como nación. Lo cual no es cierto, porque muchos nicaragüenses no se sienten representados por Ortega, lo consideran un presidente ilegítimo porque impuso su reelección pasando por encima de la prohibición constitucional que él mismo hizo anular por medio de una artimaña judicial de sus magistrados u operadores políticos en la Corte Suprema de Justicia. Además, las elecciones mediante las cuales Ortega impuso su segunda reelección y tercer periodo presidencial, fueron cuestionadas por los organismos internacionales de observación electoral por falta de transparencia y denunciadas como fraudulentas por la oposición democrática de Nicaragua.
Por eso es que Daniel Ortega no puede representar verdaderamente y en estricto derecho a todos los nicaragüenses, como sí puede hacerlo un presidente elegido limpiamente. Ortega solo representa a sus seguidores y a quienes son conscientes de su inconstitucionalidad pero por conveniencia o por miedo lo reconocen como legítimo.
Sin embargo, si los organismos internacionales y las asociaciones de gobiernos, como la Celac, admiten a Daniel Ortega como uno más de los suyos, también tienen que reconocer su derecho a permitir que hable en su nombre la persona que él quiera, aun cuando no sea nicaragüense. A lo que no tiene derecho es a dejar a esa persona al frente de su delegación y meterlo en reuniones en las que solo pueden participar los jefes de gobierno.
Daniel Ortega cedió la palabra —durante la primera jornada de la Cumbre de la Celac en Costa Rica— a un líder independentista de Puerto Rico, lo cual no puede considerarse como algo anormal. Lo mismo que hizo Ortega con el revolucionario puertorriqueño, pudo o debió hacerlo cualquier presidente democrático invitando a hablar, en su nombre, a un representante de la oposición de Venezuela. La asamblea de la Celac era una magnífica oportunidad para denunciar al régimen chavista de Nicolás Maduro, demandar la libertad de los presos políticos y pedir a las democracias de América Latina que se pronuncien a favor de una salida pacífica y democrática de la crisis agónica del régimen bolivariano.
El gobierno panameño lo hizo en marzo del año pasado, cuando cedió su asiento en la OEA a la dirigente democrática venezolana María Corina Machado para que denunciara en ese foro las atrocidades represivas de la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Y para mejor antecedente, en junio de 1979 el mismo Panamá cedió su tribuna en la OEA a un representante del Frente Sandinista para que denunciara a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, después de lo cual el organismo hemisférico resolvió exigir el “reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista…”
Lastimosamente, los actuales gobernantes democráticos de América Latina y el Caribe prefieren cohabitar con las dictaduras populistas, en vez de demandar el cumplimiento de los compromisos internacionales de respetar los valores de la libertad y las instituciones de la democracia. Y por esa connivencia se exponen a desplantes como el que hizo Daniel Ortega en la Celac.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
