La presidenta Cristina Fernández buscó ayer retomar la iniciativa política con duros cuestionamientos a la denuncia en su contra por encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA, en 1994, y una propuesta de reforma del servicio de Inteligencia.
En su primera aparición pública una semana después de la muerte del fiscal Alberto Nisman —artífice de la denuncia más grave desde que está en el poder—, Fernández indicó por cadena nacional: “Que los jueces me citen, que los fiscales denuncien, no me van a hacer mover ni un centímetro de lo que siempre he pensado”, y reclamó a la justicia que esclarezca la muerte de Nisman para terminar con una larga historia de impunidad.
Nisman apareció muerto en su apartamento el 18 de enero, horas antes de comparecer ante el Congreso para explicar la denuncia contra Fernández y su canciller Héctor Timerman de firmar un memorando de cooperación judicial con Irán en 2013 para desviar la investigación del ataque con la supuesta intención de comerciar granos a cambio de petróleo que Argentina necesitaba.
Durante una hora, Fernández trató de desmontar los argumentos de la denuncia de Nisman y detalló el proyecto de ley que enviará al Parlamento para disolver la Secretaría de Inteligencia y sustituirla por una Agencia Federal.
El anuncio se produce después de que Fernández vinculara la muerte de Nisman con una conspiración para desestabilizar al Gobierno y apuntara directamente a agentes de Inteligencia recientemente relevados. Denunció que la Inteligencia “bombardeó” el acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán en 2013 y que, según Fernández, habría permitido agilizar la investigación del atentado contra la AMIA.
Fernández aportó nuevos datos sobre la figura de Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman que le proporcionó el arma que acabó con su vida y que ayer fue imputado.
Lagomarsino es un informático contratado por Nisman que Fernández definió como un “feroz opositor al Gobierno” y que trató de renovar su pasaporte el 14 de enero, el mismo día en que el fiscal presentó la denuncia contra la presidenta.
