El fiscal que investiga el atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994 acusó el miércoles a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del gobierno de negociar con Irán la impunidad de los acusados del ataque y pidió su declaración indagatoria.
En un escrito que hizo llegar a The Associated Press, el fiscal Alberto Nisman acusó a la mandataria «y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA».
La presidenta y su canciller Héctor Timerman «tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina», sostuvo el fiscal a cargo de investigar el peor atentado perpetrado en suelo argentino.
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 200. Dos años antes, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos. Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido.
La denuncia del fiscal del caso AMIA quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien debe decidir si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios. Fernández no hizo declaraciones todavía al respecto.
Entre los acusados se encuentran además un diputado nacional oficialista, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el ex fiscal Héctor Yrimia, que investigó el atentado poco después de ocurrir. Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares).
«Se trata de una ridiculez pocas veces vista», dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, al canal de noticias por cable C5N tras conocer la acusación del fiscal.
Según Nisman, el canciller Timerman celebró «acuerdos secretos con Teherán» para llevar a cabo una «maniobra criminal» que incluyó «el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes».
En diálogo con periodistas, Nisman aseguró posteriormente que «se acordó la impunidad de los iraníes, esto lo ordena la presidenta y lo instrumenta (el canciller) Timerman, entre otras personas» con el objetivo, según indicó en el escrito, de «acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo y hasta venderle armas».
Nisman señaló que tiene «muchísimas pruebas» para sostener sus acusaciones que están en la denuncia presentada ante el juez, las cuales no puede revelar, y que la investigación de los actos de la mandataria «surgió de casualidad» a partir de escuchas telefónicas avaladas por la justicia en el marco de la causa AMIA.
El fiscal indicó que en esas escuchas de los últimos dos años y medio no se interceptaron declaraciones de Cristina Fernández, pero puntualizó ante una consulta periodística que en «los audios se dice claramente» que el supuesto plan para proteger a los iraníes habría sido por orden de la mandataria.
«Además se corroboró por otra prueba. Yo con cada audio chequeé que efectivamente lo que se dijera estuviera corroborado por al menos otra prueba o que se consustanciara con la realidad», dijo el fiscal.
En su escrito presentado a la prensa, Nisman señaló que el supuesto plan para desvincular a los ocho iraníes acusados por el ataque -de los cuales sobre cinco pesan notificaciones rojas de Interpol- se valió de una diplomacia para estatal integrada por personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia, el diputado oficialista Andrés Larroque, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el «referente comunitario» y nexo local del régimen iraní, Jorge «Yussuf» Khalil.D’Elía, que fungió como subsecretario de Tierras, fue cuestionado por opositores por su defensa del gobierno de Irán.
Esteche, referente de la agrupación izquierdista «Quebracho», rechazó las imputaciones del fiscal al señalar en Twitter que resulta «desproporcionado» que militantes populares «compartan» acusaciones con figuras como Fernández.
Según el fiscal, las órdenes partían supuestamente de la mandataria, pasaban por el diputado Larroque o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por D*Elía, para llegar a Khalil y de allí eran enviadas a las autoridades persas, como el ex consejero cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani, acusado por Nisman de ser uno de los autores intelectuales del ataque y sobre el que pesa una orden de detención.
«Aquí no hay nada personal contra nadie, institucionalmente es gravísimo, pero no tengo más remedio que hacer la denuncia», sostuvo el fiscal, quien negó aprovecharse del actual contexto de enfrentamiento entre el gobierno y algunos jueces para presentar sus acusaciones.
Según Nisman, en las escuchas aparecen, entre otros, Rabbani, D’Elia y sobre todo Khalil.
El supuesto «plan de impunidad» contempló además el armado de una «pista falsa» que, de modo creíble acusara a una «conexión de fachos (fascistas) locales». Además incluyó el intento frustrado de «dar de baja» las notificaciones rojas o prioridades de búsqueda de cinco de los ocho iraníes acusados, dijo el fiscal en su escrito enviado a la AP.
El primer paso del plan, agregó, fue la reunión «secreta» en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, en la que «Timerman transmitió a Irán la decisión» argentina de «abandonar el reclamo de justicia» por la AMIA, lo que significó un «giro de 180 grados» en la política sostenida desde 2003.
Nisman dijo a los periodistas que el juez no tiene un plazo determinado para decidir si acepta la denuncia. Señaló que las imputaciones contra los acusados son «encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estorbo del acto funcional». La primera de las imputaciones es la más grave y contempla hasta seis años de prisión.
Nisman fue convocado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para brindar información sobre sus acusaciones. Opositores calificaron la denuncia del fiscal de «grave» y reclamaron al gobierno «aclarar la situación». Miembros de la comunidad judía, la mayor de América latina, dijeron haber recibido con «honda preocupación» los dichos de Nisman.
En tanto, Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, afirmó a medios de prensa locales que ese grupo de familiares de las víctimas no cree en las palabras del fiscal y que éste se dedicó «a hacer espionaje interno».
Según la justicia argentina, otro de los acusados de organizar el ataque es Ali Fallahijan, ex ministro de inteligencia de la república islámica. Teherán siempre ha negado cualquier vinculación con el atentado.
El gobierno de Fernández firmó en 2013 un cuestionado memorándum de entendimiento con Irán con el alegado propósito de avanzar en la investigación del atentado para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos en el país islámico, pero el acuerdo no se tradujo en un avance en la investigación.
Para la AMIA, el pacto garantiza impunidad a los responsables del atentado porque aunque permite que fiscales argentinos viajen a Teherán a interrogarlos, no hay indicios de que el país islámico vaya a permitir que sean extraditados.
Un tribunal declaró la inconstitucionalidad del memorando, lo que fue apelado por el gobierno. «El memorando es la culminación de un proceso de impunidad», dijo Nisman a los periodistas.
La investigación judicial del ataque a la AMIA estuvo marcada por el escándalo. Varios policías acusados de dar apoyo a los terroristas fueron absueltos en 2004 y el Estado fue denunciado por buscar falsos culpables para cerrar el caso.
