El martes, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, lograron algo histórico: que los cuarteles del Ejército se abran para que puedan buscarlos, tras una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador, Jesús Murillo, entre otros funcionarios.
“Es algo no solamente histórico sino fuera de la realidad que hemos vivido durante muchos años”, expresó René Jiménez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para Jiménez, esta decisión marcará un antes y un después en la política de seguridad de México, ya que es una muestra de que “la protesta está llegando a todos los sectores sociales” y “la gente está viendo que si se organizan y manifiestan” se consiguen “cosas que antes no se lograban”.
Desde la noche que desaparecieron los jóvenes supuestamente a manos de autoridades corruptas del municipio de Iguala y miembros del cártel de Guerreros Unidos, el Ejército ha sido señalado por los familiares como cómplice, aunque no se ha abierto ninguna línea de investigación. Los estudiantes denuncian que algunos jóvenes tuvieron contacto con militares del destacamento de Iguala, quienes en lugar de ayudarlos les increparon.
El lunes, centenares de personas se manifestaron frente a cuarteles militares de varias ciudades para exigir que se investigue al Ejército. En el cuartel de Iguala hubo un enfrentamiento que causó varios heridos.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes fueron quemados en un basurero y sus cenizas esparcidas en un río, pero esta versión está cada vez más cuestionada por científicos que “han dicho que es prácticamente imposible”.
Para los padres de familia, esta decisión es importante porque siguen confiando en que los jóvenes estén vivos, ya que solo uno de ellos fue identificado entre las cenizas analizadas.
