Ayer quedaron inauguradas las obras preliminares de construcción del Gran Canal de Nicaragua, con ceremonias oficiales celebradas en Rivas y en Managua y con un gran despliegue de fuerza militar y policial en la zonas afectadas por el proyecto canalero.
Pero con esta inauguración oficial —alrededor de la cual hubo nuevas protestas populares— no se aclararon los grandes interrogantes que están planteados desde que se anunció la concesión canalera; o más bien dicho, desde que se hizo la cesión del territorio y la soberanía nacional a la empresa china de Wang Jing, y a quienes están detrás suyo, según precisó el académico constitucionalista nicaragüense Gabriel Álvarez en el reportaje publicado ayer en LA PRENSA bajo el título La ley que entregó Nicaragua a un chino , el último de una serie de cuatro que publicamos desde el viernes pasado.
Como hemos dicho en otras ocasiones, el problema fundamental no es creer o no creer en el Canal, ni querer o no querer que se construya. La cuestión de fondo es que se trata de una obra de tan gigantesca magnitud, la cual, si finalmente se convierte en realidad modificaría irreversiblemente la geografía de Nicaragua y —para bien o para mal— transformaría por completo el modo de vida de los nicaragüenses. Por lo tanto, es un proyecto que requiere de la mayor transparencia. Los ciudadanos deben conocer toda la información concerniente, y no solo esto, sino que debió ser aprobado democráticamente por todos los nicaragüenses, mediante un referendo realizado conforme a lo previsto para casos como este por la Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral.
Los nicaragüenses necesitan tener la certeza de que los beneficios del Canal serán de mucho más valor que los costos de su construcción; deben tener la seguridad de que la construcción del Canal no arruinará para siempre las aguas del Gran Lago de Nicaragua y que los daños que las obras le puedan causar son mitigables y serán mitigados. Desde antes de comenzar las obras de construcción del Canal, aún las preliminares, la población nicaragüense tenía que haber conocido los estudios de factibilidad, sobre todo la medioambiental, porque es todo el ecosistema de Nicaragua lo que se está arriesgando con una obra gigantesca como esta.
Nicaragua no es propiedad de Daniel Ortega, ni de Omar Halleslevens, ni de los mandos militares y policiales, ni de los dirigentes del partido gobernante, ni de las cámaras empresariales. Ellos no pueden hacer lo que quieran con el país, aún cuando tuvieran realmente el sincero propósito de sacar a la nación de la pobreza y convertir a Nicaragua en un país próspero y desarrollado.
Nicaragua pertenece a los nicaragüenses y por lo tanto todos tienen derecho de ser informados, con toda claridad, hasta del último detalle del proyecto del Gran Canal; y tienen también el derecho de decidir si una obra como esta se debía o se debe construir o no.
Sandino dijo en su Manifiesto de San Albino que “el mundo sería un desequilibrado permitiendo que solo los Estados Unidos de Norteamérica sean dueños de nuestro Canal, pues sería tanto como quedar a merced de las decisiones del Coloso del Norte, de quien tendría que ser tributario…” Igual o más desequilibrado es quien ahora permite y, peor aún, facilita, que solo una empresa china como la de Wang Jing, o el gobierno de China si ese es el caso, sean dueños de nuestro Canal, pues están dejando a Nicaragua a merced del totalitario gigante asiático.
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