La organización o red creada por la primera dama con el nombre de Consejos de Poder Ciudadano, conocidas por su siglas CPC, ha venido actuando como fuerza de choque contra toda agrupación de personas que reclamen sus más elementales derechos consignados en la carta magna de los derechos humanos, firmada por todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU), aunque la forma de reclamos se realice pacífica y cívicamente.
En tiempos de Somoza habían grupos paramilitares y civiles, estos últimos eran colaboradores del sistema somocista imperante en ese tiempo, para suministrar información de personas o grupos que criticaban abiertamente o en privado las políticas de gobierno que afectaban en una u otra forma a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con este sistema y se les conocía con el sobrenombre genérico de “orejas”, además existían grupos de choque para vapulear a personas que se atrevieran a marchar en contra del gobierno somocista y uno de los personajes más célebres de triste recuerdo fue la Nicolasa Sevilla con sus hordas de choque.
Después que entra victorioso el FSLN el 19 de julio de 1979 a la plaza de la República en Managua, se crean los llamados Comités de Defensa Sandinista con el eslogan “ojos y oídos de la Revolución”, muy similar a los CPC de ahora, con la diferencia que estos últimos no solamente son ojos y oídos del gobierno orteguista sino también las fuerzas de choque de DOS para garrotear y hasta matar aquellos ciudadanos que se atrevan a manifestarse en contra de las políticas equivocadas e injustas que afectan a la ciudadanía, o sea las mismas turbas nicolasianas del pasado somocista, pero con una nueva edición.
Estas últimas las vimos en acción durante la marcha de protesta y reclamo de la agrupación de ciudadanos de la tercera edad y otras contra personas o grupos que se han manifestado frente a las instalaciones del mal llamado Consejo Supremo Electoral, que de supremo solo tiene el nombre y muchas otras que incluye los derechos de la mujer y más que son del conocimiento de la ciudadanía en general y ahora con la marcha por la soberanía nacional y la solidaridad con las comunidades amenazadas con ser expropiadas por este gobierno inconstitucional y dictatorial que contrató unilateralmente la construcción del Canal sin llevarse a cabo un referéndum para su ratificación por el pueblo, que es lo indicado en un Estado de Derecho como lo hizo el presidente Martín Torrijos en Panamá antes de realizar la ampliación del Canal en el 2006, donde el pueblo le dio luz verde con una votación del 80 por ciento a favor y eso que ya había sido aprobado por el Congreso Panameño, una lección de moral y civismo para DOS.
Finalmente queremos expresar que si bien es cierto que no se ve ninguna solución a corto plazo a la problemática planteada por la decisión de construir el Canal, en relación con todas las desventajas y temores planteados por profesionales calificados en materias de ingeniería hidráulica y el daño al medioambiente especialmente el Cocibolca, las zonas de humedales y reservas naturales y la biodiversidad y las afectaciones a los propietarios en la ruta del Canal, será la historia quien nos dirá cómo va a terminar esta descabellada idea de llevar a cabo este megaproyecto sin haber realizado la consulta correspondiente con el soberano pueblo, quien es el que pone los votos para elegir sus autoridades, aunque sus votos no sean contados como ha sido en estas dos últimas elecciones.
El autor es ingeniero agrónomo/ambientalista.
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