En la información que ofrecimos el viernes 8 de agosto, sobre la conferencia de prensa de la jefatura de la Policía para presentar a los presuntos culpables de las emboscadas y masacre del 19 de julio, señalamos que fueron más las preguntas que quedaron en el ambiente que las respuestas que se brindaron.
Cuatro días después de aquella puesta en escena policial, las preguntas siguen sin respuestas. Y mientras tanto abogados penalistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos con criterio independiente y crítico, señalan que lo que ha hecho la Policía es tratar de demostrar que ha resuelto un grave caso que sin embargo sigue sin ser aclarado. Las preguntas que quedaron sin respuestas tras la conferencia de prensa de la jefa de la Policía, fueron las siguientes:
¿Quién organizó a la banda de delincuentes que según la Policía planificó y ejecutó el ataque armado contra los buses que llevaban a los simpatizantes sandinistas que participaron en la celebración partidista del 19 de julio?
Si la acción criminal del 19 de julio no tuvo motivación ni implicaciones políticas —como aseguró la jefa de la Policía y lo ha sostenido también el jefe del Ejército—, entonces ¿cuál fue el móvil de los delincuentes para emboscar a las caravanas sandinistas y asesinar a cinco personas e hirieran a otras 22?
¿Quién determinó el perfil de delincuentes de los supuestos participantes en las emboscadas?
¿Está relacionada la matanza del 19 de julio con el asesinato del excontra y activista del partido opositor PLI, Carlos García, ocurrido una semana después en una comarca de Jinotega, y acerca del cual la Policía no ha mostrado ningún interés en investigar ni resolver?
Pero hay más preguntas sin respuestas, como la de cómo se puede explicar que el acto terrorista del 19 de julio lo cometieran miembros del partido oficialista FSLN que se encargaron de apedrear los buses, asociados con militantes del partido opositor PLI que supuestamente dispararon las armas de fuego. Y si este crimen no fue político, ¿significa entonces que el responsable es alguno de los carteles de narcos que operan en Nicaragua?
En realidad, lo único que quedó claro en la conferencia de prensa policial del jueves pasado para presentar a los presuntos culpables de los sucesos del 19 de julio, es que la Policía se considera con derecho de atropellar la Constitución y las leyes que consagran las garantías individuales y establecen el derecho al debido proceso de las personas acusadas de cometer delitos.
La Policía “ha actuado en todo momento en el marco de las atribuciones que le confiere la ley”, aseguró la jefa policial según el boletín oficialista El 19 . Con esas palabras trató, sin lograrlo, de desvirtuar las denuncias de los arrestos y allanamientos de domicilios sin orden judicial y a deshoras de la noche, la desaparición o secuestro de las personas a las que estaban interrogando, la negación del derecho de los acusados a tener asistencia legal desde el mismo momento de su detención, etc. Estas son garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales que insólitamente la Policía se arroga el “derecho” de atropellar. Igual que lo hacía la Guardia Nacional somocista en el cumplimiento de sus funciones de Policía.
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