No hay duda que fue una masacre, un acto terrorista perpetrado aun no sabemos por quiénes, en contra de civiles indefensos que venían de manifestar sus preferencias políticas. La condena de todos los sectores ha sido unánime.
Este acto criminal, que no se puede justificar de ninguna manera y debe ser sancionado con todo el peso de la ley, tal como lo ha dicho el cardenal, monseñor Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, “pero se debe hacer de modo justo”, es decir apegado a la justicia, a la ley y los derechos humanos de todos los nicaragüenses, porque de lo contrario se estarían cometiendo muchas injusticias.
Los ataques perpetrados contra la caravana de buses, llenos de civiles simpatizantes del partido sandinista, rompe con la tradición política de nuestra historia, que aun con sus círculos de violencia recurrente no había visto algo así. Este es el tipo de violencia indiscriminada que estamos más acostumbrados a ver por televisión en otros países, donde los atentados contra civiles indefensos son la norma y no la excepción y ciertamente están mas vinculados con el fanatismo religioso islámico o con los cárteles de la droga.
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La Policía Nacional debe actuar con justicia, no llevándose “en el saco” a cualquier opositor al Gobierno en Ciudad Darío o cualquier otro poblado de Matagalpa, presumiendo su culpabilidad y deteniéndolos para investigarlos más allá de las 48 horas que permite la ley antes de pasar al juez, tal como lo ha hecho hasta ahora, sino demostrando con hechos, con elementos probatorios la base para acusar a quienes lo hayan perpetrado, intelectual o materialmente y a los colaboradores necesarios.
Pero además, debe investigar con igual celeridad y esclarecer otro asesinato aparentemente relacionado, quizás como un acto irracional de revanchismo político, como lo es el asesinato a sangre fría cometido el pasado sábado 26 de julio contra del dirigente del PLI y excomandante de la Resistencia Nicaragüense, Carlos García, quien encontró la muerte con un certero balazo en el corazón, mientras estaba laborando la tierra en su propiedad en Jinotega.
Tanto la Policía Nacional como el Ejército de Nicaragua deben demostrar que a ellos les compete proteger y velar por la seguridad de todos los nicaragüenses, resolviendo todos los casos que han sido denunciados y publicitados, pero sin violentar los derechos de la ciudadanía.
Más aún, no deben tolerar ni permitir que nadie tome la justicia con sus propias manos, porque si abrimos la puerta del revanchismo, del odio y la violencia, habremos perdido el más preciado tesoro que hemos conquistado en los últimos años: la paz y sin la paz no podrá florecer la prosperidad que todos anhelamos, con o sin el Canal.
No es aterrorizando a la población con cateos y capturas violentas a medianoche, sin orden judicial como si estuviéramos en pleno Estado de Sitio (que nos traen ingratas memorias) a como lo han hecho en Ciudad Darío que lograrán ese cometido.
Al contrario, con esa actuación solo lograrán aterrorizar a la población y atizar más los ánimos. Mas recientemente, en la comunidad de El Carrizo, municipio de San Ramón, Matagalpa, fue detenido el agricultor Zacarías Cano al ser señalado por un hombre encapuchado, como se suelen cubrir el rostro para encubrir su identidad las tropas especiales mientras realizan operativos contra el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Al parecer, se está actuando más sobre el precepto de presumir la culpabilidad para que los acusados demuestren su inocencia, que presumir la inocencia y demostrar con pruebas irrefutables la culpabilidad de los indiciados. El autor es diputado de la bancada PLI y Presidente de la Comisión de Turismo.
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