El proyecto canalero que pretende realizar el presidente Ortega, lo que conlleva es la transformación de este país, para convertirlo en otro país, con todos sus puntos positivos y negativos, me pregunto, ¿si eso es posible hacerlo sin tener que consultar al soberano?
¿Puede la mayoría parlamentaria de un partido, que hoy gobierna ocasionalmente el país, tener la facultad de trasformar e hipotecar al país por cien años, sin previa consulta de todos los ciudadanos que integran ese país?
¿Puede esa misma mayoría parlamentaria o este gobierno de turno crear otro Estado dentro del actual Estado de Nicaragua, para que rija, gobierne, y ejerza, poder soberano en una faja del país, que divide el territorio nacional y lo parte en dos?
¿Puede ese poder mayoritario del actual partido de gobierno trasformar totalmente el hábitat de centenares de personas, poner en peligro la existencia de muchas especies, arriesgar la gran reserva natural que tiene el país como es el agua, sin que a nadie se le consulte ni se conozca a fondo un estudio ambiental, económico, financiero, o se platee seriamente las consecuencias geopolíticas y el riesgo que conlleva un proyecto de esa clase, solamente basado en la voluntad de una persona o de un partido en ejercicio de gobierno?
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Obviamente que no puede. La Constitución Política actual nada nos dice en este caso, pero, ¿quién ha dicho que se pueda dar un paso de esa naturaleza, sin que los que integran la nación, que somos todos los nicaragüenses, tengamos que ser consultados para que a través de un amplio debate, seguido de un escrutinio, surja la voluntad verdadera, y lo que aparece actualmente como el proyecto de un gobierno de turno, o la voluntad del príncipe, se convierta en proyecto de nación?
Hasta el momento el debate dirigido, manipulado, y restringido por el Gobierno ha estado centrado, en la poca información que se ha dado, aduciendo que en un futuro cercano se tendrán todos los estudios. ¿Pero cómo se puede dar un debate nacional, y se ha podido otorga las concesiones que se les han otorgado a los supuestos inversionistas, sin que se conozca hasta ahora todos esos datos?
¿Cómo se puede creer que un proyecto de esa envergadura pueda atraer el respaldo de inversionistas internacionales serios. La simpatía de la comunidad internacional, el respeto del mundo civilizado, si ni siquiera es conocido, consultado y aprobado, por aquellos que verdaderamente detenta el poder de decisión
en estos asuntos como lo es el pueblo de Nicaragua?
Ante la falta de oposición en Nicaragua, que crea ese juego de pesos y contrapesos, y que permite al gobernante poder examinar con frieza puntos opuestos a su manera de pensar pero que tienen validez, el señor presidente tiene que llenar ese vacío, recurriendo al soberano pueblo de Nicaragua, para que sea él el que le otorgue la capa de legitimad que el proyecto hasta el día de hoy carece.
Hay una cosa que el señor presidente no puede arriesgar, y es que se dude sobre sus buenas intenciones, (como yo creo que las tiene) y se vea su proyecto, como proyecto que oculta intereses mezquinos o se le califique como proyecto mafioso.
Creo que para todo aquel que ama a Nicaragua y yo estoy seguro que él la ama, la parte más triste de nuestra historia es aquella en que la patria ha sido entregada a intereses extranjeros. Las noches negras de los “Pactos Dawson y los Tratados Chamorro Bryan” solo puede ser contestada con un “Nunca Jamás”. Si eso se transgrede, Benjamín Zeledón y Augusto C. Sandino nos ha señalado el camino a seguir. El autor es abogado.
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