El alcalde de Nagarote, Juan Gabriel Hernández, del Frente Sandinista, está desaparecido del municipio desde pocos días después del terremoto del 10 de abril pasado que golpeó fuertemente a Nagarote y a Mateare. Días después del sismo, un equipo de LA PRENSA lo encontró en un centro de distribución de ayuda y le solicitó información sobre los daños ocasionados por el terremoto. La respuesta de Hernández fue que “no estaba autorizado para dar declaraciones”.
Esa fue la última vez que se le vio en público. Según reportes de este Diario, días después tomó el control del municipio el viceministro de Gobernación, Carlos Nájar y ahora, aparentemente, quien está al frente de la municipalidad es la vicealcaldesa Mireya Urroz.
Desde hace dos meses todo tipo de rumores han corrido en el municipio: que Hernández está enfermo dicen sus familiares; que fue destituido por supuesta corrupción, dicen sus adversarios; que se encuentra fuera del país, dicen otros.
En la edición de hoy de LA PRENSA, el vicario de la Diócesis de León, monseñor Silvio Selva, con la mejor de las intenciones, dice que “el presidente (Daniel Ortega) debe de reconsiderar ese nombramiento… Yo al alcalde de Nagarote tengo tiempalal de conocerlo y ha sido una persona excelente, me parece que deberían de dar una explicación y para mí lo deberían de reintegrar…”.
El caso de Hernández no es algo menor. Encarna una flagrante violación a la autonomía municipal por parte del ejecutivo, y peor aún, la bien intencionada solicitud de monseñor Selva junto a la pasividad del pueblo de Nagarote dejan claro que los nicaragüenses la aceptan.
Hay que entender que la autonomía municipal no es un capricho, es un pilar de la democracia. Que los municipios sean autónomos quiere decir que son los ciudadanos del mismo los que deciden sobre sus recursos y el curso del municipio. Esto acerca la democracia al ciudadano.
La Ley de Municipios establece que la máxima autoridad es el Concejo Municipal. El artículo 18 de dicha Ley dice: “El gobierno de los Municipios corresponde a un Concejo Municipal con carácter deliberante, normativo y administrativo, el que estará presidido por el Alcalde”.
El artículo 19 establece que “el Alcalde, Vice-Alcalde y los Concejales serán electos por el pueblo, mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, de conformidad a la ley de la materia”.
Por lo tanto no es potestad de ningún presidente de la República destituir o reintegrar al alcalde de ningún municipio. Solo el Concejo puede destituirlo y por causales específicas establecidas en la ley.
Así que está fuera de lugar la declaración de Hernández al decir en abril que “no estaba autorizado para dar información” —pues solo el Concejo se lo podría prohibir y no lo ha hecho— y está fuera de lugar la solicitud de monseñor Selva a Ortega para que reintegre a Hernández.
Si acaso hubiera señalamientos de corrupción le tocaría al Concejo pedir la investigación a la Contraloría y de haber hallazgos que comprometan la gestión de Hernández entonces la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto ante los juzgados. Ortega, por muy presidente que sea, nada tiene que ver en eso.
Actuar de otra manera es botar a la basura la autonomía municipal.
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