Entre la información que ha venido saliendo a cuenta gotas sobre el encuentro entre la Conferencia Episcopal y el presidente inconstitucional Daniel Ortega el pasado 21 de mayo hay un detalle que brindó el obispo de Estelí, Abelardo Mata, que resulta interesante.
Según contó Mata a LA PRENSA el pasado nueve de junio, luego que le leyeron el documento, Ortega les dijo que él “se sentía como que lo llevaron ante un tribunal solo para dictarle sentencia sin el derecho de haber sido escuchado”. Ortega luego le preguntó a los obispos: “¿Entonces, a quién voy apelar yo, a la Corte Celestial?”
Aunque el encuentro con los obispos no era para nada un juicio, la reacción del presidente inconstitucional devela su conocimiento sobre los derechos de los individuos.
Donde falla el señor Ortega es en pensar que la Justicia la resuelven las divinidades, que se trata de un asunto que tienen que atender seres con un poder superior cuando la verdad es que la Justicia, los juicios y la relación de los ciudadanos con los servidores públicos no tienen nada que ver con deidades sino todo lo contrario, se trata de limitar el poder que los servidores públicos pueden aprovechar en su relación con los ciudadanos. Y es precisamente todo lo contrario a lo que él ha hecho en estos siete años de gobierno.
En la actualidad, el ciudadano nicaragüense vive atemorizado de hacer enojar incluso a un “dios menor” de la burocracia orteguista, ya no se diga a la mismísima pareja presidencial que, aunque son dos personas distintas, están fundidas en una sola ambición ilimitada de poder.
El ciudadano común en Nicaragua se sabe indefenso ante la Policía, cada día más partidarizada. El empresario sabe que cualquier gesto mal interpretado puede despertar la furia de la Dirección de Ingresos, la Dirección de Aduanas, el Inss o el Ministerio del Trabajo. El empleado público sabe que si no viste con alegría las sicodélicas camisas de la nueva “religión” puede despertar las sospechas del comisario político de la institución en que labora. Y el habitante del barrio sabe muy bien que no debe hacer enojar al responsable del “gabinete de la familia” de su cuadra.
Ellos, en caso de tener la desgracia de llamar la atención del menos poderoso de los funcionarios públicos, no tienen en realidad a quien apelar. Ya se han conocido casos de personas escribiendo cartas a la señora Rosario Murillo, pidiendo misericordia ante alguna injusticia sufrida a manos de un comisario político o un funcionario público. Cartas que quedan sin respuesta, claro está.
Pero todo eso debería solucionarse sin que el individuo tenga que recurrir a una Corte Celestial.
Se soluciona con instituciones y leyes claras que estén diseñadas para que el Estado funcione con Justicia, para que los funcionarios públicos sepan que no pueden moverse un milímetro más allá de donde la ley les faculta y donde los apparatchik del partido no tienen espacio alguno.
Cuando un Estado es regido por leyes e instituciones y no por el capricho de una persona no es necesario apelar a una Corte Celestial, el sistema funciona y si no, el ciudadano tiene el poder de cambiar a los servidores públicos mediante elecciones periódicas.
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