Han pasado ya dos semanas desde que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se reunió con Daniel Ortega, en la Nunciatura, ocasión en la cual los obispos le leyeron y entregaron el documento titulado “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”. Sin embargo, hasta ahora Ortega no se ha dignado responder a las propuestas de los obispos.
La Conferencia Episcopal no puede tomar como respuesta de Ortega, las diatribas contra los obispos y la Iglesia católica de Nicaragua publicadas por algunos voceros oficialistas de rango inferior. Ortega tiene que responder a los obispos él mismo, de manera directa, particularmente a las dos propuestas de primordial interés nacional que le fueron planteadas por la Conferencia Episcopal en los puntos 43 y 44 de su trascendental documento. Primera, “la realización de un ‘Gran Diálogo Nacional’ en el que participen todos los sectores del país”; y segunda, que “no obstante haya ya nombrado o reelecto a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país”.
Es cierto que antes de su reunión del 21 de mayo con la los obispos, Ortega se adelantó a rechazar de hecho y maliciosamente las propuestas de la Conferencia Episcopal, al decir el domingo 18 de mayo en Niquinohomo que a él solo le interesa dialogar con las cúpulas empresarial y sindical; y que los nombrados en el Consejo Supremo Electoral “nombrados están”. Quedó claro en esa ocasión que, debido a la eficacia de sus servicios de información, Daniel Ortega sabía de previo lo que le plantearían los obispos.
Pero esas expresiones retóricas del dictador no pueden ser tomadas como una forma de respuesta oficial, a los planteamientos solemnes que los obispos han hecho solo animados por el interés superior de que se restablezca la institucionalidad democrática de la república. De manera que Ortega tiene la obligación de responder también de manera seria y formal, ya sea para aceptar o para rechazar las propuestas de los obispos.
En su documento los obispos han pedido a Ortega “que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”. ¿Tiene Daniel Ortega la palabra de honor que le piden los obispos, o carece de ella?
La propuesta episcopal es esencial. Sin elecciones libres y transparentes no pueden existir la democracia, el Estado de Derecho y la justicia independiente. Por eso Ortega tiene el deber de responder y si su respuesta fuese positiva, mucho mejor. Así justificaría la esperanza de los obispos en que, como gobernante, “tiene todavía la posibilidad de demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político”, a restablecer “la normalidad política de un auténtico estado democrático”. No lo creemos, pero ojalá pudiera hacerlo.
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