El documento que la Conferencia Episcopal presentó al presidente Daniel Ortega y que luego entregó a los medios de comunicación, plantea con toda claridad sus puntos de vista sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, desde una perspectiva ética, institucional y política.
Partiendo de una plataforma religiosa, cristiana y pastoral y asumiendo su posición de obispos, afirmaron su compromiso con el pueblo y señalaron los aspectos que consideraron medulares, sin pretender en ningún momento, tal como lo indicaron, asumir una posición ideológica o partidaria, y mucho menos sustituir a las organizaciones políticas, ciudadanas y sociales en las funciones que específicamente les corresponden.
El enfoque de la Conferencia Episcopal se centró en seis puntos: la problemática social. Derechos Humanos. Algunas situaciones en el Vicariato Apostólico de Bluefields. El trabajo de evangelización y algunas políticas del Gobierno. Y el tema de la Institucionalidad.
A través del desarrollo de estos puntos se hicieron señalamientos claros, como el de expresar su “preocupación por la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre Iglesia y Estado. No es conveniente para nadie la manipulación política de los signos religiosos ”.
Igualmente, hay señalamientos fundamentales cuando se expresa que “no es verdad que se pueda asegurar un desarrollo económico y social sostenible y una paz duradera sin instituciones sólidas, erradicación de la corrupción y respeto de la legalidad”, pues “el respeto y la fortaleza de la institucionalidad no solo es indispensable, sino que adquiere carácter de urgencia política ” ya que somos “un pueblo con una cultura política marcada por las ambiciones de poder, el mito de los caudillos mesiánicos y los fraudes electorales. No podemos olvidar la historia”.
Hay que señalar también que en el documento se encuentran reconocimientos al Gobierno, particularmente en el capítulo de la familia, “por manifestar en los foros internacionales el respeto a la vida del no nacido y reconocer como matrimonio, en sentido estricto, la unión que proviene del hombre y la mujer”.
Junto a lo anterior se afirma, no obstante, la preocupación por la falta de respeto de “los llamados Gabinetes de la Familia a su intimidad y a su libertad de conciencia”.
Sin perjuicio de todos los demás puntos expuestos con precisión y firmeza por la Conferencia Episcopal, hay que destacar las dos propuestas que esta presentó al presidente. “La primera es la realización de un Gran Diálogo Nacional en el que participen todos los sectores del país”. La segunda propuesta es “dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país”.
Consideramos que ambas son fundamentales en la búsqueda de una concertación nacional que dé origen a un verdadero pacto social, que sea la base del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en Nicaragua.
Más allá de los resultados puntuales que eventualmente pudieran derivar del encuentro, resulta claro del planteamiento de los obispos, la existencia de un conjunto de valores, explícitos o implícitos, que deben servir de plataforma ética y axiológica, a toda construcción política, económica, institucional y social. Esos valores, patentes o latentes en el documento presentado, constituyen, entre otros, un referente universal de nuestro tiempo, a algunos de los cuales, desde nuestro punto de vista personal, podríamos referirnos brevemente.
Los Derechos Humanos y, en consecuencia, el reconocimiento a la dignidad personal, familiar y social, como expresión de respeto a esos derechos fundamentales, formalmente garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948, constituyen la filosofía moral y la plataforma ética que sustenta la estructura jurídica e institucional del presente.
Derivada de ellos, está la libertad, entendida como condición de la naturaleza humana, particularmente en lo que concierne a la libertad de la persona, la libertad de prensa y de movilización, y que conlleva la naturaleza plena de la identidad del ser humano o del grupo social, dentro del marco que establecen la ética y las normas jurídicas nacionales e internacionales.
La libertad es el ejercicio de un derecho imprescindible a la condición humana, la que debe ser practicada en el espacio establecido para garantizar el respeto a la libertad de los demás, y por ello dentro de los límites que la ética y el derecho derivado del contrato social determinan.
La igualdad es otro aspecto fundamental y se refiere, no a la uniformidad de beneficios que pretende que todos tengan lo mismo en cuanto a posición, ingresos y condiciones materiales, sino al derecho inalienable de todos a tener las mismas oportunidades, sin exclusión por motivos ideológicos, políticos, económicos o sociales, de forma tal que el punto al que cada cual llegue, obedecería principalmente a la capacidad, preparación, calificación y perseverancia del sujeto, pero partiendo de un punto común, por lo que el Estado debe remover los obstáculos, en vez de crearlos, que impiden que funcione la igualdad de oportunidades, entendida como equidad, condición esta de la igualdad y la justicia.
Nicaragua necesita un nuevo contrato social para reconstruirse desde un punto de vista ético, político, social e institucional, lo que exige como condición previa una concertación derivada del diálogo nacional. Ese nuevo contrato o pacto social, debe basarse en valores y principios fundamentales, aceptados y compartidos por la sociedad.
En el caso del documento presentado por la Conferencia Episcopal, pensamos que el “núcleo duro” es el punto VI referido al tema de la institucionalidad. El cumplimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho, exige abandonar las actitudes autocráticas de concentración personal del poder y perpetuación en el mismo. Hay que promover un diálogo nacional incluyente, que tenga en cuenta necesariamente el tema institucional, que es el que tiene el mayor impacto político y evitar que, en caso de darse, se instale una práctica inspirada en aquel consejo que alguien dio en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo , que recomendaba cambiar algunas cosas para que todo siguiera igual.
De lo que se trata es de evitar que la violencia sustituya a la concertación y se instale nuevamente como forma de hacer política. Lo que se busca es que a través de la concertación se restablezca un conjunto de valores y principios, un ethos, que sea la plataforma sobre la que se construya la estructura institucional y el sistema democrático fundado en el respeto a los derechos individuales y colectivos, en la alternabilidad en el poder y en el ejercicio de este conforme a las atribuciones constitucionales y al sistema de límites que regula su ejercicio.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
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