San José/ACAN-EFE
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica puso hoy en marcha una comisión contra el crimen organizado y el narcotráfico con el objetivo de evitar la intromisión de estos flagelos en las esferas del Poder Judicial, informaron las autoridades locales.
«Estamos en un análisis de las propuestas que habían sido aprobadas por la Corte Plena para establecer las acciones concretas e inmediatas frente a los peligros que puede tener nuestra institución frente al crimen organizado y las formas en que actúa el narcotráfico», señaló la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, en una conferencia de prensa.
La primera sesión de trabajo de la comisión, que se realizó hoy, definió los controles institucionales para detectar irregularidades así como las acciones inmediatas para el fortalecimiento de los mecanismos internos de prevención.
Esta comisión, integrada por representantes del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, se creó luego de que hace dos semanas las autoridades arrestaran a una jueza, de apellido Gamboa, como sospechosa de liberar narcotraficantes en la provincia de Limón (Caribe) a cambio de dinero.
La mujer, de 62 años, es sospechosa de cometer los delitos de corrupción y tráfico de influencias desde el año 2011.
Según el OIJ, entre los hechos que se le atribuyen a Gamboa están la revocación de una medida de prisión preventiva a uno de los máximos narcotraficantes de la zona del Caribe, actualmente en fuga, y la liberación de varios miembros de una organización ligada al narcotráfico.
Los representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, mostraron un mapa de las áreas que han tenido mayor incidencia en cuanto al narcotráfico en país, el decomiso de drogas y la desarticulación de las bandas organizadas.
Además, presentaron un análisis de las condiciones de vulnerabilidad que tiene Costa Rica como país de tránsito de droga que vienen de Colombia para el mercado europeo y norteamericano.
Algunas de las necesidades detectadas son reforzar los mecanismos de reclutamiento, monitoreo del desempeño de funciones, las debilidades del régimen disciplinario judicial y la importancia de fortalecer oficinas para la inteligencia policial.
«Se habló de la problemática general del Poder Judicial, de la situación disciplinaria y de otros aspectos que inciden directamente en el tema de la criminalidad y la corrupción. Todavía queda mucho trabajo por hacer, en poco tiempo pero de manera decidida», indicó el director del OIJ, Francisco Segura.
